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Los argentinos salen en una nueva ronda de protestas contra la ley estratégica del Gobierno | Videos
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Movimientos sociales, partidos de izquierda y numerosos sindicatos se manifiestan frente al Congreso de Argentina, donde el Senado comenzó el debate de la Ley... 12.06.2024, Sputnik Mundo
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"Estamos desde temprano en Plaza Congreso y nos vamos a quedar acá todo lo que haga falta, por eso quiero invitar a las y los trabajadores, a la juventud, a que se sumen a esta movilización", señaló a la Agencia Sputnik la legisladora Cele Fierro, diputada por la ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT). La concentración, que reúne también a entidades de derechos humanos y asambleas barriales, es además apoyada por las dos centrales sindicales del país: las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y parte de la Confederación General de Trabajadores (CGT). Para Fierro, "hoy tenemos que presionar todos para que esta ley se vote en contra y caiga, porque es una ley construida al servicio de grandes capitalistas, quita derechos obreros elementales, y además, se ha visto el escándalo de este Gobierno comprando voluntades, como a la senadora [Lucía] Crexell, de Neuquén", refirió. La diputada provincial se refirió así a la propuesta del oficialismo a esta senadora nacional de la provincia de Neuquén (suroeste), a quien le ofrecieron ser embajadora de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en París. A sabiendas de que el Gobierno no tiene garantizada la sanción de la ley, que ya fue aprobada el 30 de abril en la Cámara de Diputados, la diputada de la capital argentina acusó al Gobierno que preside Javier Milei de pregonar que va "contra la casta", aunque "es parte de ella". "Por eso vamos a pelear hasta el final, para que sea rechazada esta ley, vamos a denunciar a todos esos senadores traidores como Martín Lousteau (de la Unión Cívica Radical), que dice ser opositor, pero está ahí dándole quorum para que salga esta ley", cuestionó Fierro, por más que dicho legislador afirmó que votará en contra de la normativa.Con las inmediaciones del parlamento colmado por los manifestantes, la representante del FIT advirtió que, de aprobarse la ley en su marco general, las movilizaciones continuarán. "Lo que tenemos que hacer es seguir en la lucha. Porque el gobierno tiene muchos elementos de crisis y hay un descontento social creciente, y desde la izquierda, como lo hemos demostrado, vamos a estar donde tenemos que estar", sostuvo. Contexto La ley Bases que impulsa la coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), se prolongará por unas 18 o 19 horas, de acuerdo a la lista de oradores que pidieron intervenir durante la sesión. Tras cinco meses de discusión parlamentaria, los senadores se pronunciarán sobre la ley en términos generales antes de comenzar la votación capítulo por capítulo de la norma. Para aprobar el texto, el oficialismo renunció a privatizar tres de las once empresas que proponía: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina. El Senado puede introducir modificaciones en la normativa, lo que implicaría que el texto volvería a la Cámara de Diputados, que puede insistir en la redacción original o aceptar los cambios introducidos por la cámara alta.Si el Senado aprueba modificaciones por mayoría simple (la mitad más uno de los votos), Diputados podrá insistir en la misma mayoría para sostener su versión, pero si los cambios son avalados con dos tercios de los legisladores en la cámara alta, la baja deberá reunir la misma cantidad de adhesiones para insistir en el texto original.Menos voluminoso que el proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, la Ley actual incluye 232 artículos. La iniciativa parlamentaria de Milei es un proyecto fundacional para la actual gestión, por delegar facultades legislativas en el presidente y habilitar las privatizaciones de empresas públicas. El texto original también introduce numerosas reformas de calado de carácter regresivo, como una reforma laboral, otra impositiva, y un cuestionado régimen para fomentar las grandes inversiones. La ley declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas. La norma también avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la Administración pública, de manera que se promueve que determinados sectores sean fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país. Dos empresas podrían ser privatizadas por completo: Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo. También la compañía Nucleoeléctrica, que opera las tres centrales nucleares del país, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que funciona en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur), podrán pasar a manos privadas, pero con una mayoría estatal en el accionariado. Las otras cinco estarían sujetas a una privatización parcial, como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Argentino, Correderos Viales y las empresas que prestan los servicios de transporte ferroviario, como Belgrano Cargas y Logística, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE). Paquete fiscal La ley viene acompañada de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta). En concreto, la actual gestión propone una alícuota de 0,45% anual para quienes adelanten el pago de este tributo por el período 2023-2027 y estabilidad fiscal hasta 2038, lo que significa que no pagarán más impuestos patrimoniales por ese período. El oficialismo también espera restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos) modificado en el último tramo del Gobierno anterior, de manera que el mínimo no imponible queda en 1,8 millones de pesos para solteros (unos 1.800 dólares) y en 2,2 millones de pesos para las familias con hijos. El proyecto también incluye un proceso de regularización de capitales no declarados, denominado Régimen de Regularización de Activos, que entraría en vigor desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año. Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, este capítulo exime de pagar por declarar hasta 100.000 dólares, siempre que no retiren los fondos hasta 2026. Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para así sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores. La coalición gobernante tiene apenas 40 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado. En este contexto, el Ejecutivo de Milei lleva adelante un importante plan de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión.
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18:21 GMT 12.06.2024 (actualizado: 18:27 GMT 12.06.2024) Movimientos sociales, partidos de izquierda y numerosos sindicatos se manifiestan frente al Congreso de Argentina, donde el Senado comenzó el debate de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ley fundamental que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei para ejecutar una desregulación profunda de la economía.
"Estamos desde temprano en Plaza Congreso y nos vamos a quedar acá todo lo que haga falta, por eso quiero invitar a las y los trabajadores, a la juventud, a que se sumen a esta movilización", señaló a la Agencia Sputnik la legisladora Cele Fierro, diputada por la ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT).
La concentración, que reúne también a entidades de derechos humanos y asambleas barriales, es además apoyada por las dos centrales sindicales del país: las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y parte de la Confederación General de Trabajadores (CGT).
"No confiamos en el Senado, sino que nuestra confianza está puesta en la movilización, en las calles, porque cuando somos miles y miles nos hacemos sentir", expresó la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que integra el FIT.
Para Fierro, "hoy tenemos que presionar todos para que esta ley se vote en contra y caiga, porque es una ley construida al servicio de grandes capitalistas, quita derechos obreros elementales, y además, se ha visto el escándalo de este Gobierno comprando voluntades, como a la senadora [Lucía] Crexell, de Neuquén", refirió.
La diputada provincial se refirió así a la propuesta del oficialismo a esta senadora nacional de la provincia de Neuquén (suroeste), a quien le ofrecieron ser embajadora de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en París.
A sabiendas de que el Gobierno no tiene garantizada la sanción de la ley, que ya fue aprobada el 30 de abril en la Cámara de Diputados, la diputada de la capital argentina acusó al Gobierno que preside Javier Milei de pregonar que va "contra la casta", aunque "es parte de ella".
"Por eso vamos a pelear hasta el final, para que sea rechazada esta ley, vamos a denunciar a todos esos senadores traidores como Martín Lousteau (de la Unión Cívica Radical), que dice ser opositor, pero está ahí dándole quorum para que salga esta ley", cuestionó Fierro, por más que dicho legislador afirmó que votará en contra de la normativa.
Con las inmediaciones del parlamento colmado por los manifestantes, la representante del FIT advirtió que, de aprobarse la ley en su marco general, las movilizaciones continuarán.
"Lo que tenemos que hacer es seguir en la lucha. Porque el gobierno tiene muchos elementos de crisis y hay un descontento social creciente, y desde la izquierda, como lo hemos demostrado, vamos a estar donde tenemos que estar", sostuvo.
La ley Bases que impulsa la coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), se prolongará por unas 18 o 19 horas, de acuerdo a la lista de oradores que pidieron intervenir durante la sesión.
Tras cinco meses de discusión parlamentaria, los senadores se pronunciarán sobre la ley en términos generales antes de comenzar la votación capítulo por capítulo de la norma.
Para aprobar el texto, el oficialismo renunció a privatizar tres de las once empresas que proponía: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.
El Senado puede introducir modificaciones en la normativa, lo que implicaría que el texto volvería a la Cámara de Diputados, que puede insistir en la redacción original o aceptar los cambios introducidos por la cámara alta.
Si el Senado aprueba modificaciones por mayoría simple (la mitad más uno de los votos), Diputados podrá insistir en la misma mayoría para sostener su versión, pero si los cambios son avalados con dos tercios de los legisladores en la cámara alta, la baja deberá reunir la misma cantidad de adhesiones para insistir en el texto original.
Menos voluminoso que el proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, la Ley actual incluye 232 artículos.
La iniciativa parlamentaria de Milei es un proyecto fundacional para la actual gestión, por delegar facultades legislativas en el presidente y habilitar las privatizaciones de empresas públicas.
El texto original también introduce numerosas reformas de calado de carácter regresivo, como una reforma laboral, otra impositiva, y un cuestionado régimen para fomentar las grandes inversiones.
La ley declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.
La norma también avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la Administración pública, de manera que se promueve que determinados sectores sean fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país. Dos empresas podrían ser privatizadas por completo: Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo.
También la compañía Nucleoeléctrica, que opera las tres centrales nucleares del país, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que funciona en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur), podrán pasar a manos privadas, pero con una mayoría estatal en el accionariado.
Las otras cinco estarían sujetas a una privatización parcial, como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Argentino, Correderos Viales y las empresas que prestan los servicios de transporte ferroviario, como Belgrano Cargas y Logística, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE).
La ley viene acompañada de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta).
En concreto, la actual gestión propone una alícuota de 0,45% anual para quienes adelanten el pago de este tributo por el período 2023-2027 y estabilidad fiscal hasta 2038, lo que significa que no pagarán más impuestos patrimoniales por ese período.
El oficialismo también espera restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos) modificado en el último tramo del Gobierno anterior, de manera que el mínimo no imponible queda en 1,8 millones de pesos para solteros (unos 1.800 dólares) y en 2,2 millones de pesos para las familias con hijos.
El proyecto también incluye un proceso de regularización de capitales no declarados, denominado Régimen de Regularización de Activos, que entraría en vigor desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, este capítulo exime de pagar por declarar hasta 100.000 dólares, siempre que no retiren los fondos hasta 2026.
Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para así sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores.
La coalición gobernante tiene apenas 40 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado.
En este contexto, el Ejecutivo de Milei lleva adelante un importante plan de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión.
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