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Oficialismo en Argentina logra iniciar sesión en Diputados para debatir ley ómnibus

© AP Photo / Natacha PisarenkoJavier Milei, presidente de Argentina
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El oficialismo en Argentina logró reunir en la Cámara de Diputados al número suficiente de parlamentarios para dar comienzo a una sesión en la que se trata un proyecto estratégico del Gobierno, conocida como ley ómnibus, que otorga facultades legislativas al presidente y habilita la privatización de empresas públicas.

"Con 135 miembros presentes damos inicio a esta sesión" especial, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al confirmar el inicio del plenario.

Mientras en las afueras del Parlamento se desplegó un operativo policial para contener las protestas de algunos manifestantes contrarios al proyecto, el inicio del debate se empantanó con un altercado entre el oficialismo y diputados opositores respecto a cómo se procederá la votación de la norma, si por capítulos o artículos.
La coalición gobernante que lidera el presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, consiguió el 25 de abril aprobar un dictamen de mayoría que habilita el debate en el recinto del megaproyecto de ley, uno de los principales proyectos normativos que impulsa el Gobierno y que fue rechazado en febrero por el Congreso.
Después de que el oficialismo renunciara a privatizar el Banco Nación, el dictamen de mayoría fue aprobado por bloques opositores considerados dialogantes, como el PRO, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal.
La iniciativa parlamentaria del presidente Milei, que tiene en total 232 artículos, es un proyecto fundacional para la actual gestión por delegar facultades legislativas en el presidente y por habilitar las privatizaciones de empresas públicas.
El texto declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.
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El borrador avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la administración pública, de manera que se promueve que determinados sectores sean fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país.
Respecto a las privatizaciones, el proyecto actual propone que sean 11 las empresas que podrían pasar a manos privadas, frente a las 40 que proponía el original. Cuatro empresas podrán ser privatizadas por completo: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina. También las productoras Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrán pasar a manos privadas, pero con una mayoría estatal en el accionariado.
Las otras cinco estarían sujetas a una privatización parcial, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Argentino, Correderos Viales y las empresas que prestan los servicios de transporte ferroviario, como Belgrano Cargas y Logística, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse).
A diferencia del proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, el nuevo borrador sí incluye una propuesta de reforma laboral con 17 artículos que, entre otras cuestiones, amplía la extensión del período de prueba de tres meses hasta un año, según la empresa, y que constituye un fondo de cese laboral optativo en reemplazo de las indemnizaciones.

Paquete fiscal

El dictamen de mayoría también permitirá debatir la semana que viene la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y levantes, que establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta).
En concreto, la actual gestión propone una alícuota de 0,45% anual para quienes adelanten el pago de este tributo por el período 2023-2027 y estabilidad fiscal hasta 2038, lo que significa que no pagarán más impuestos patrimoniales por ese período.
El oficialismo también espera restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos) modificado en el último tramo del Gobierno anterior, de manera que el mínimo no imponible queda en 1,8 millones de pesos para solteros (unos 1.800 dólares) y en 2,2 millones de pesos para las familias con hijos.
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El proyecto también incluye un proceso de regularización de capitales no declarados, denominado Régimen de Regularización de Activos, que entraría en vigor desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, este capítulo exime de pagar por declarar hasta 100.000 dólares, siempre que no retiren los fondos hasta 2026.
Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores.
La coalición gobernante tiene apenas 40 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado.
En este contexto, el Ejecutivo de Milei lleva adelante un importante plan de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión.
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