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Los obstáculos con los que debe luchar Bolivia para combatir la informalidad laboral

© AP Photo / Juan KaritaTrabajadores bolivianos durante la movilización por el Día Internacional del Trabajador (archivo)
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Sputnik entrevistó a Diego Urioste, coordinador del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT), quien evaluó las cifras del último estudio de la OIT, según el cual el 85% de trabajadores bolivianos no están registrados. Enumeró varias propuestas para reducir este porcentaje.
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubicó a Bolivia como el país con más informalidad laboral en el mundo, con el 85% de sus trabajadores en esa condición. El Gobierno de Luis Arce reclamó mayor compromiso a los empresarios para reducir esta cifra. Asimismo, destacó que la desocupación es del 3,6%, una de las más bajas de América Latina.
Sputnik conversó con Diego Urioste, coordinador del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT), quien enumeró algunas trabas y dificultades que tienen los empresarios para registrar a sus empleados. Consideró "insuficientes" las políticas gubernamentales, a la vez que resaltó los perjuicios ocasionados a las y los trabajadores por la precariedad laboral.
El 85% registrado en Bolivia supera al promedio de América Latina y el Caribe, donde el trabajo informal afecta al 53,7% de trabajadores.
El 87% de mujeres bolivianas en edad de trabajar no están registradas. En el caso de los hombres, llega al 83%, según el estudio.
De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE), al cuarto trimestre de 2023 la Población Económicamente Activa (PEA) abarcaba a 6,9 millones de personas. De ellos, solo 1.053.470 tenían empleo formal.
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Burocracia, carga fiscal, leyes complejas

El coordinador del ONT mencionó una serie de factores que conjugan el complejo panorama laboral de Bolivia. Uno de los más importantes es la legislación sobre este tema: "La Ley General del Trabajo de 1942 y sus numerosas modificaciones y decretos han creado un marco legal complejo y rígido que resulta difícil de cumplir para muchos empleadores, especialmente para pequeñas y medianas empresas", las PYME.

"Esta rigidez incentiva a los empleadores a operar fuera del marco legal para evitar costos adicionales y procedimientos burocráticos y está lejos de responder a las necesidades y exigencias del mercado laboral regional o mundial", consideró Urioste.

En este sentido, "la carga tributaria y las contribuciones a la seguridad social son significativas para muchos empleadores, especialmente en sectores con márgenes de beneficio reducidos, por lo cual operar en la formalidad no es viable económicamente", dijo el coordinador del observatorio.
"Una gran parte de los trabajadores bolivianos son autoempleados o trabajan en microempresas. Estas unidades productivas suelen evitar la formalidad debido a los costos y trámites asociados, así como a la falta de acceso a financiamiento y asistencia técnica que faciliten la formalización", dijo Urioste. "Es decir que la propia estructura del mercado laboral propicia la informalidad".

Las mujeres, las más afectadas

El coordinador del ONT mencionó el estudio El Perfil de la Mujer Emprendedora, publicado en abril pasado por el Instituto de la Mujer y Empresa (IME), el cual "resalta que la economía informal es una vía predominante para las mujeres bolivianas, quienes representan el 70% de los emprendimientos en el sector informal".

Las mujeres "a menudo optan por la informalidad debido a la flexibilidad que ofrece en términos de horarios y balance trabajo-familia".

Según el estudio del IME, "las mujeres en la economía informal enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud y educación, lo cual afecta no solo a las emprendedoras sino también a sus familias, incrementando la vulnerabilidad y reduciendo las oportunidades de desarrollo personal y profesional".
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Por ello, Urioste afirmó: "La informalidad laboral suele estar acompañada de salarios bajos e inestables, lo cual afecta directamente la capacidad de los trabajadores para cubrir necesidades básicas y planificar a largo plazo. Esta precariedad limita el acceso a servicios de salud y educación de calidad, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión social".
La alta tasa de informalidad ha generado una "cultura de la informalidad", la cual lleva a que "muchos trabajadores y emprendedores consideren que las barreras para la formalización son insuperables y, por tanto, la informalidad se convierte en la norma aceptada", evidenció.

La posición del Gobierno

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, se refirió a la cifra del 85% en el Taller Hemisférico Futuro del trabajo y nuevas dinámicas del empleo en las Américas, realizado en San José de Costa Rica, según el diario cruceño El Deber.
Sostuvo que la informalidad es generada por "el propio empleador o empresario privado" y que el Gobierno nacional se esfuerza para combatirla y reducirla.
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Mediante un comunicado, la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) declaró que el trabajo informal en el país "es un problema estructural y de larga data, que se profundiza por la informalidad económica y los desequilibrios en las políticas salariales que dificultan la creación y sostenimiento de empleo digno".

Y agregó: "Pretender responsabilizar a los empresarios privados por esta grave realidad social y económica no solo es injusto, sino inaceptable".

Los empresarios ya se habían manifestado en contra de la política salarial del Gobierno cuando Arce decretó el pasado 1º de mayo un aumento del 5,85%, lo cual llevó el salario mínimo a 2.500 pesos bolivianos, unos 362 dólares.

Propuestas del observatorio

Urioste mencionó varias iniciativas del ONT a favor de las y los trabajadores: "Implementar programas de capacitación para mejorar las habilidades de los trabajadores informales, enfocándose en la gestión empresarial, acceso a financiamiento y uso de tecnologías digitales".
También planteó "reducir los costos y la complejidad de los trámites para la formalización, creando ventanillas únicas y servicios en línea que agilicen los procesos como se propone, por ejemplo, en el estudio del IME".
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Urioste destacó la importancia de "ofrecer incentivos fiscales a las micro y pequeñas empresas que se formalicen, incluyendo reducciones en impuestos y acceso a subsidios para la capacitación y la innovación, algo propuesto igualmente en un estudio del World Bank Group". En este aspecto, comentó que se debe "facilitar el acceso a crédito para los emprendedores informales".
Para el observatorio, impulsado por la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), se deben realizar "campañas de sensibilización para destacar los beneficios de la formalización, no solo para los emprendedores, sino también para la economía en general y la cohesión social".
Consideró fundamental "revisar y actualizar la Ley General del Trabajo para hacerla más accesible y menos onerosa para los empleadores, permitiendo así una mayor formalización de las PYME".
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