La 'paz total' de Petro, bajo la lupa de la Corte Constitucional en Colombia
La 'paz total' de Petro, bajo la lupa de la Corte Constitucional en Colombia
Sputnik Mundo
Un magistrado de la Corte Constitucional colombiana considera que la ley que habilita al Gobierno colombiano a dialogar con grupos armados debería ser derogada... 30.06.2023, Sputnik Mundo
Una ponencia presentada en la interna de la Corte Constitucional de Colombia por uno de sus integrantes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, plantea la necesidad de derogar la ley de paz total, aprobada en noviembre de 2022, para sentar las bases de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y los grupos armados que siguen activos en el país.Según consignó el medio El Colombiano, el informe de Ibáñez señala que la ley 2.272 de 2022, la conocida como ley de paz total, tiene vicios de forma, ya que no fue consultada previamente al Consejo Superior de Política Criminal, un órgano colegiado creado por ley en 1993 y que tiene a su cargo expedirse de forma no vinculante sobre todos los proyectos relativos a seguridad ciudadana.La Corte Constitucional había comenzado a estudiar el caso a partir de una denuncia de inconstitucionalidad presentada por el diputado opositor Javier Pava Quiceno, que entendía que la norma violaba varias disposiciones de la Constitución colombiana de 1991.De todas maneras, ni el informe de Ibáñez ni la denuncia de Pava Quinceno serán tratados hasta al menos mediados de julio, debido a que la Corte se mantiene en proceso de cambiar su secretaria general y no puede reunirse en sala plena. Aun así, la ley, que da sustento a una de las principales prioridades de Petro, encendió alarmas entre los defensores del proceso de paz.En un diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, Luis Celis, recordó que Colombia ha necesitado de marcos legales que sustenten los diferentes intentos de negociación con los grupos armados. Así, la primera ley que habilitaba a dialogar con grupos ilegales se aprobó en 1990 y, desde entonces, ha sido reformulada por cada nuevo Gobierno.El experto reconoció que a la Corte Constitucional "le compete" analizar estas posibles irregularidades y se mostró cauto con respecto a qué puede decidir el órgano. "Vamos a ver cómo falla", acotó.Una de las posibilidades es que, en caso de que la Corte Constitucional decida tumbar la ley de Paz Total, el Gobierno de Gustavo Petro deba enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley con el marco jurídico que sustenten las negociaciones con las disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos delictivos como el Clan del Golfo.De todos modos, Celis remarcó que aunque eso sucediera, el Gobierno tiene "los fundamentos constitucionales para adelantar estos procesos de paz en curso, en particular con la guerrilla del ELN y ojalá, en las próximas semanas, con otras organizaciones provenientes de lo que fueron las FARC".
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La 'paz total' de Petro, bajo la lupa de la Corte Constitucional en Colombia
Un magistrado de la Corte Constitucional colombiana considera que la ley que habilita al Gobierno colombiano a dialogar con grupos armados debería ser derogada por errores de forma. El sociólogo Luis Celis explicó a Sputnik que, aunque la ley fuera tumbada, la Constitución permite a Petro continuar su plan de paz total.
Una ponencia presentada en la interna de la Corte Constitucional de Colombia por uno de sus integrantes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, plantea la necesidad de derogar la ley de paz total, aprobada en noviembre de 2022, para sentar las bases de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y los grupos armados que siguen activos en el país.
Según consignó el medio El Colombiano, el informe de Ibáñez señala que la ley 2.272 de 2022, la conocida como ley de paz total, tiene vicios de forma, ya que no fue consultada previamente alConsejo Superior de Política Criminal, un órgano colegiado creado por ley en 1993 y que tiene a su cargo expedirse de forma no vinculante sobre todos los proyectos relativos a seguridad ciudadana.
La Corte Constitucional había comenzado a estudiar el caso a partir de una denuncia de inconstitucionalidad presentada por el diputado opositor Javier Pava Quiceno, que entendía que la norma violaba varias disposiciones de la Constitución colombiana de 1991.
De todas maneras, ni el informe de Ibáñez ni la denuncia de Pava Quinceno serán tratados hasta al menos mediados de julio, debido a que la Corte se mantiene en proceso de cambiar su secretaria general y no puede reunirse en sala plena. Aun así, la ley, que da sustento a una de las principales prioridades de Petro, encendió alarmas entre los defensores del proceso de paz.
En un diálogo con Sputnik, el sociólogo colombiano y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, Luis Celis, recordó que Colombia ha necesitado de marcos legales que sustenten los diferentes intentos de negociación con los grupos armados. Así, la primera ley que habilitaba a dialogar con grupos ilegales se aprobó en 1990 y, desde entonces, ha sido reformulada por cada nuevo Gobierno.
El experto reconoció que a la Corte Constitucional "le compete" analizar estas posibles irregularidades y se mostró cauto con respecto a qué puede decidir el órgano. "Vamos a ver cómo falla", acotó.
Una de las posibilidades es que, en caso de que la Corte Constitucional decida tumbar la ley de Paz Total, el Gobierno de Gustavo Petro deba enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley con el marco jurídico que sustenten las negociaciones con las disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos delictivos como el Clan del Golfo.
De todos modos, Celis remarcó que aunque eso sucediera, el Gobierno tiene "los fundamentos constitucionales para adelantar estos procesos de paz en curso, en particular con la guerrilla del ELN y ojalá, en las próximas semanas, con otras organizaciones provenientes de lo que fueron las FARC".
"Con seguridad que habrá fórmulas para continuar haciendo vigente ese artículo que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y, por supuesto, para el Estado", reflexionó Celis.
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