Ley de Justicia Tributaria acrecienta tirantez política en Honduras
© AP Photo / Moises Castillo
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El proyecto de Ley de Justicia Tributaria en manos del Congreso Nacional de Honduras desde el 26 de abril acrecienta por días la tirantez política en el país centroamericano, sobre todo luego que la mandataria Xiomara Castro convocara a una reunión de urgencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
La convocatoria el miércoles del órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo de la presidenta del Gobierno en materia de defensa tuvo lugar después que en la ciudad de Choluteca (sur) ocurriera una protesta contra la socialización del citado proyecto jurídico impulsado por el Ejecutivo.
Al convocar la reunión, la mandataria argumentó que lo hacía en virtud de hacer frente a las "pretensiones de anarquizar la sociedad e impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria". El CNDS lo conforman la jefa de Estado, que lo encabeza, el presidente del Congreso Nacional, la titular de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, y los secretarios (ministros) de Defensa y Seguridad.
Prevención, combate, investigación y sanción
"Condenar los actos de violencia en el marco de la discusión y socialización de la Ley de Justicia Tributaria que han puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado con las provocaciones ocurridas en las calles de la ciudad Choluteca el día martes 9 de mayo", adelantó Castro al término de la reunión en un mensaje trasmitido a través de cadena nacional.
Achacó a esas manifestaciones la intención de impedir la función procesal legislativa del del Congreso.
26 de abril 2023, 14:19 GMT
Castro añadió que en consecuencia el Estado hondureño procederá a diseñar la estrategia de prevención, combate, investigación y sanción de tales conductas.
"Este Consejo ordena la investigación exhaustiva de los hechos acaecidos en la ciudad de Choluteca (…) cuando empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados y seguidores para movilizarse en las calles en contra del proyecto de la ley de Justicia Tributaria para impedir que sea discutida y aprobada", informó la mandataria.
Dijo que luego de identificados los responsables de instigar, manipular y financiar tales conductas, contrarias a los derechos de la ciudadanía, las cuales consideró parte de una campaña para desprestigiar las acciones del Gobierno; deben deducirse las responsabilidades y ejecutarse las acciones legales correspondientes.
"Hacer un llamado a la población en general, para que se mantenga atenta frente a estas manipulaciones y acciones de personas y grupos que pretender utilizarlos para mantener sus privilegios", convocó Castro.
Por último, la presidenta confirió el carácter de ejecutoriedad inmediata al acuerdo del CNDS.
Reacciones opositoras
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada de Honduras (COHEP) desmintió en su momento que hubiera patrocinado la marcha en Choluteca. El jefe de la bancada parlamentaria del ex oficialista Partido Nacional (derecha), Tomás Zambrano, expuso que "la manifestación desde la Presidencia de la República contra un derecho de manifestación del pueblo convierte al país en una dictadura familiar de los Zelaya".
Pedro Barquero, quien renunció en abril a su cargo como ministro de Desarrollo Económico en el primer gabinete de Xiomara Castro, se preguntó si ya se había acabado la democracia en Honduras.
21 de abril 2023, 12:27 GMT
El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, le envió un duro mensaje a la jefa de Estado: "No se meta con el sur, quítese la camisa de Libre (oficialista Partido Libertad y refundación, izquierda) y asesórese mejor", en clara referencia a su esposo y asesor presidencial, el ex mandatario Manuel Zelaya (2006-2009). El edil de la llamada Sultana del Sur justificó su oposición al proyecto de ley porque a su juicio las exoneraciones van a afectar a la zona meridional del país centroamericano y es preciso revisarlas.
Reforma fiscal, otro frente
La presidenta de Honduras anunció el 30 de enero su intención de presentar el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, una nueva legislación que no apuntaría a la elevación de los actuales impuestos, pero sí estaría enfocada en evitar los "abusos de los regímenes de exoneraciones" y facilitar los trámites en la administración pública.
"Todos los impuestos, exoneraciones que se aprobaron en la década perdida fueron encaminadas a la destrucción de lo público y a profundizar el feroz modelo económico público-privado de corrupción y de impunidad estructural que tenemos que desmontar", expuso entonces la jefa de Estado en alusión a las tres administraciones del Partido Nacional (derecha) en el período 2010-2022.
Alertó que el Estado no cuenta con recursos para atender a 4,5 millones de personas en extrema pobreza, y sin embargo se le perdonan al sector privado más de 60 mil millones de lempiras (unos 2.432 millones de dólares) dejadas de pagar en impuestos.
Desde entonces, la administración de Libre, que intenta sacar adelante el llamado proceso de refundación de la patria (de marcado corte anti neoliberal) ha tenido abierto en el proyecto de la reforma fiscal otro frente de la lucha política e ideológica, que a tenor por las manifestaciones de Choluteca y la reacción gubernamental, se acrecienta por días.
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