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El error que impide el avance del juicio político contra Guillermo Lasso en Ecuador

© AP Photo / Matilde CampodonicoGuillermo Lasso, presidente de Ecuador
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El Parlamento ecuatoriano deberá revisar la solicitud de juicio político contra el primer mandatario, debido a un error en los artículos del Código Penal invocados para ello. El abogado Esteban Ron afirmó a Sputnik que la revisión de la acusación constitucional será en cuanto a la forma y no el fondo.
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional votó a favor de avanzar en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso el 20 de marzo. No obstante, el proceso fue detenido tras detectarse anomalías jurídicas en la acusación presentada.
Lasso está acusado de concusión y peculado, en una trama de corrupción en el seno del Gobierno conocida como el caso El gran padrino, que implica al cuñado del mandatario, Danilo Carrera.
La solicitud de juicio político contra Lasso será reconsidera por el CAL debido a que en ella hay "un error en cuanto a uno de los artículos del Código Penal que se están invocando como la infracción que se le quiere imputar al presidente", advirtió a Sputnik el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional Sek de Quito, el abogado Esteban Ron Castro.
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"La acusación se cae porque el artículo del Código Penal invocado fue un artículo del Código Penal del 2014 que no estaba vigente porque este Código Penal tuvo una reforma en el año 2021, lo que hace que en la solicitud se puso el código anterior y en este momento la Asamblea está reconsiderando el pedido para que vaya sin ese error", explicó el litigante.

Una vez que se corrija el petitorio de juicio político contra el mandatario, será enviado a la Corte Constitucional, que deberá analizar si admite la solicitud o si por el contrario el pedido será archivado.
No obstante, hay que considerar ciertos aspectos en el trámite constitucional. Según Ron Castro, la Corte Constitucional "dijo en su momento que en los casos de juicio político, tiene que hacer una estricta verificación de forma, es decir, no puede entrar a discutir el fondo del pedido".
En este sentido, de acuerdo con el experto, el tribunal debe establecer:
1.
Que el procedimiento en la Asamblea Nacional "haya sido llevado de manera adecuada, en atención al número de firmas que se requieren como adhesiones y a la forma de presentación".
2.
"Se tienen que establecer cuáles fueron los hechos y su relación causal respecto de la infracción que se le está imputando al presidente. Una relatoría de hecho a hecho y una configuración de una premisa jurídica básica, a través de la cual se podrá presumir la imputabilidad del presidente".
3.
Una tipificación de la infracción, es decir, "que la misma esté tanto en la constitución como en el Código Penal del Ecuador".
La Corte no tiene más competencias que "verificar la singularidad y la tipificación de la acusación", resumió Ron Castro.
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Avance del trámite

Si la Corte Constitucional lo declara admisible, "hace que el juicio político regrese a la Asamblea Nacional y la comisión especializada de fiscalización ventile el juicio político como tal", señaló el abogado.
Iniciada la instancia acusatoria, en un plazo de 20 días, "los interpelantes del juicio político acusarán al presidente y el presidente tendrá que presentar sus descargos".
Pasados los 20 días, la acusación pasaría a votación en el pleno de la Asamblea Nacional.
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"En Ecuador tenemos 127 asambleístas y se requieren dos terceras partes, es decir, 92 votos", subrayó el decano.
En caso de que la Corte Constitucional no emita un dictamen de admisibilidad de la acusación, "se cierran las posibilidades de que en el periodo presidencial, que termina en el 2025, se vuelva a intentar plantear otro juicio político al presidente de la república", enfatizó Ron Castro.

Expectativas

Según la opinión del abogado y académico ecuatoriano, la rectificación de este artículo mal invocado "se traduce en que la propia Asamblea vaya generando descrédito hacia su propia labor. Lo que puede complicar las relaciones al interior de la representación de la Asamblea y, al momento de obtener los 92 votos requeridos, pueda haber ciertas disposiciones".
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La Corte Constitucional tiene que tomar una decisión, "apegarse al procedimiento (...) y hacer solo un check de la procedibilidad del juicio político o analizar a profundidad la imputación, lo cual no es tan factible en la Corte Constitucional", puntualizó.
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