El Congreso de Chile ratifica su adhesión al acuerdo ambiental de Escazú
01:29 GMT 01.06.2022 (actualizado: 09:39 GMT 18.06.2022)
© Foto : senado.clSenado de Chile
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SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Senadores de Chile ratificó la adhesión del país al Acuerdo de Escazú, acción que ya fue respaldada por los diputados.
"APROBADO | Sala del Senado aprobó por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el proyecto de Acuerdo de Escazú", publicó la cámara alta en su cuenta de Twitter.
APROBADO✅| Sala del Senado aprobó por 31 votos a a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el proyecto de Acuerdo de Escazú.
— Senado Chile (@Senado_Chile) June 1, 2022
La iniciativa se envía a la @Camara_cl para que comunique al Ejecutivo su aprobación por el Congreso Nacional.
▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/UN72AaDo0T
El presidente chileno, Gabriel Boric, celebró la decisión del Congreso.
"¡Se aprueba el Acuerdo de Escazú! Este tratado eleva los estándares sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental ¡Nuestro compromiso está en hacer frente a la crisis climática y proteger los derechos humanos de aquellas y aquellos que defienden nuestro entorno!", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
La Cámara de Diputados ya había aprobado el proyecto el pasado 11 de mayo, por lo que ahora el Senado terminó de completar los pasos legislativos para la ratificación y solo resta el trámite de la promulgación presidencial para la oficialización.
El acuerdo ambiental de Escazú fue generado e impulsado por Chile y Costa Rica desde 2012 hasta 2018, pero el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) se negó a adoptarlo durante su mandato, argumentando que su terminología era ambigua y podía condicionar la legislación chilena.
Una de las primeras iniciativas de Boric al asumir el cargo en marzo de este año fue firmar el acuerdo, lo que dio inicio a la tramitación legislativa para su ratificación.
El tratado busca proteger a las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático y establece herramientas de participación ciudadana en las decisiones ambientales, protección especial para los activistas, mayor acceso a la información ambiental, entre otras disposiciones.
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