En una determinación adelantada por el diario Folha de Sao Paulo, el subprocurador general Lucas Rocha pidió que se investigue si la decisión de suspender los test de la vacuna Coronavac contra el COVID-19 fue basada en criterios técnicos y si el órgano "está siendo afectado por influencias político-partidarias".
El 9 de noviembre, la Anvisa (que es un órgano estatal pero actúa de forma independiente al Gobierno) ordenó interrumpir los test de la vacuna del laboratorio chino Sinovac después de detectar un "evento adverso grave", sin dar más detalles.
Pocas horas después la prensa brasileña divulgó que la muerte del voluntario, de 32 años, en realidad era un suicidio, por lo que no había ninguna relación causa-efecto con la vacuna.
Las sospechas sobre una posible interferencia del Gobierno cobraron fuerza después de que el propio presidente celebrara en las redes sociales la suspensión de los test como un logro personal.
"Si de hecho estuviera ocurriendo [la interferencia política] la salud de la población brasileña se estaría colocando en riesgo para cumplir anhelos políticos", dice el subprocurador, que lamenta que además de luchas contra el COVID-19 los brasileños tengan que asistir a una "guerra política".
El éxito de la vacuna Coronavac es una de las prioridades del gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, el principal rival político de Bolsonaro, y este estado brasileño ya llegó a un acuerdo para acceder a 46 millones de dosis.
El presidente lleva semanas descalificando a la vacuna y lanzando dudas sobre su eficacia y seguridad, llegando a decir que el Gobierno brasileño jamás compraría vacunas de China.