"Nulidad que plantea defensa del presidente de DESA (empresa Desarrollos Energéticos S.A.) no cumple requisitos de admisibilidad y busca disfrazar el hecho que éste pagó por el asesinato de Berta Cáceres", estableció la Fiscalía en su cuenta de la red social Twitter.
Nulidad que plantea defensa del presidente de DESA no cumple requisitos de admisibilidad y busca disfrazar el hecho que éste pagó por el asesinato de Berta Cáceres https://t.co/ErekaUmJRL pic.twitter.com/FXH83qccG4
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 21, 2020
El Poder Judicial de Honduras realizó a puertas cerradas la audiencia preliminar contra Castillo, y decretó que la resolución sobre si el caso es elevado a juicio oral y público será notificada la próxima semana.
Cáceres, ganadora del Premio Goldman 2015 por su labor ambiental, fue asesinada a balazos, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Juicio dilatado pese a las evidencias
La audiencia contra Castillo, presidente de la empresa DESA, dura ya más de un año, pese a las pruebas en su contra acumuladas por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).
La Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño falló en 2018, en el primer juicio por el asesinato de Cáceres, determinando que el crimen fue cometido "con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la DESA".
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denuncia desde entonces la poca voluntad política reiterada en procesos negligentes e ineficientes es, que dio pie a la impunidad de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala.
El tribunal declaró culpables el 29 de noviembre de 2018 a siete de los ocho acusados como ejecutores del asesinato de la activista: Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, aunque la sentencia fue leída recién el 2 de diciembre de 2019.