"Es un asunto de Estado, he hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia [Arturo Saldívar] y el fiscal general [Alejandro Gertz], que están de acuerdo en trabajar de manera conjunta, y avanzar en las investigaciones, según informes de la Fiscalía, con órdenes de aprehensión de funcionarios involucrados", dijo el mandatario en conferencia de prensa.
El 8 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó con el Estado mexicano la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para asistencia técnica internacional en el caso de los estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014.
López Obrador respondió así a una pregunta sobre la colaboración de la Defensa Nacional con GIEI en el esclarecimiento del papel de los militares en esa masacre, perpetrada en la ciudad de Iguala, 200 km al sur de la capital.
"Una espina clavada"
El mandatario afirmó que ese caso, aún sin resolver, es "una espina clavada que duele a México, que no va aquedar en el olvido, no va a funcionar el llamado 'pacto de silencio', y tenemos que saber lo que pasó".
El jefe de Estado afirmó que no habrá límites en la reapertura de la investigación y que los militares mexicanos están coadyuvando, aportando pruebas y documentos, para esclarecer el papel del batallón del Ejército establecido en Iguala.
"Hemos hecho el compromiso de conocer la verdad, no vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos (…) no habrá impunidad, tenemos que saber la verdad", puntualizó el jefe de Estado.
El acuerdo del Gobierno y la CIDH indica que el grupo de expertos trabajará durante nueve meses y emitirá su primer informe a los tres meses de su nueva entrada en funciones.
En el Acuerdo Internacional se estableció que el GIEI será reinstalado con las mismas personas que lo integraron en su primera etapa, conforme a la solicitud de los familiares.
A México regresarán Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile) y Claudia Paz (Guatemala) para volver a asumir estas funciones.
El gobierno anterior de Enrique Peña Nieto se negó a prorrogar la vigencia de la CIDH, luego que los expertos detectaron irregularidades en la investigación y denuncias de torturas en los imputados.
