"Exigimos la inmediata derogatoria del acuerdo ministerial 179. De no tomarse en cuenta este exhorto preliminar, procederemos con la interposición de la debida demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con el objetivo de suspender los efectos de este acto, expulsarlo del ordenamiento jurídico y determinar responsabilidades por su emisión", dijo un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
La institución además responsabilizó al ministro de Defensa por cualquier uso abusivo de la fuerza que pudiera darse en el escenario de posibles manifestaciones sociales durante el estado de excepción que rige en Ecuador por la emergencia sanitaria por COVID-19.
La entidad subrayó que el acuerdo ministerial dispone de manera abierta la posibilidad de intervenir con el uso de la fuerza en manifestaciones, reuniones, disturbios y otras situaciones de violencia interna.
Esto, aseguró, hace presumir que en el estado de excepción inmediatamente las Fuerzas Armadas deben utilizar la fuerza en sus diferentes grados, "llegando hasta la letalidad", remarcó la Defensoría del Pueblo.
En días pasados, el ministerio de Defensa actualizó el reglamento militar para uso progresivo de la fuerza en situaciones de resistencia interna.
El documento contempla el uso progresivo de la fuerza en cinco niveles que llegan hasta la "resistencia agresiva agravada", el cual permite el uso de armas letales.
Jarrín aseguró que se trata de un acuerdo ministerial que regula el comportamiento del personal militar para que conozca exactamente qué hacer y en qué condiciones puede utilizar el armamento en situaciones de resistencia interna.
Aseguró que los militares utilizarán "armas esencialmente no letales", es decir el equipamiento antidisturbios y no el equipo de dotación, para apoyar a la policía nacional en operativos para restablecer la paz social, siempre y cuando en el país esté vigente de por medio un decreto de estado de excepción.
Durante las dos últimas semanas, en varias ciudades de Ecuador se realizaron movilizaciones en contra de un paquete de medidas económicas dictado por el Presidente Lenín Moreno y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para afrontar la crisis por el COVID-19.