"Hemos registrado menos casos de los que veníamos detectando y esto a nuestro entender obedece a la intervención de nuestro organismo de control", señaló el funcionario.
Durante los procedimientos en los que toma parte la PPN, organismo descentralizado y autónomo de los tres poderes del Estado, "hacemos de cada caso de tortura y malos tratos una investigación, al punto de que hemos logrado impulsar muchas denuncias y causas judiciales", comentó su titular.
"Hubo sentencias por torturas y por torturas seguida de muerte, cuando nunca se había tenido una condena de estas características por víctimas que estuvieran en cárceles federales", destacó.
El hecho de un organismo indague en las vejaciones cometidas contra la población penitenciaria, lo que le permitió presentar 140 denuncias penales durante el año pasado, ha contribuido con toda probabilidad a que los reclusos muestren una mayor confianza hacia la institución, añadió Cejas Meliare.
"Cuando iniciamos este proceso, solo 7% prestaba conformidad para una denuncia penal, y hoy es el 40,9%, lo que demuestra que el procedimiento que es eficaz", planteó.
Casos
La PPN identificó durante 2019 a 361 víctimas que padecieron 321 episodios de violencia, algunos de los cuales involucran a más de una persona.
La Procuración identificó 390 casos de violencia física, 128 amenazas graves, 106 casos de aislamientos prolongados y 29 casos de escasa o nula alimentación.
Las agresiones detectadas en 2019 son inferiores a las de los años anteriores, entre los que destaca 2014 por presentar el mayor número de casos, 820.
Hay que retrotraerse a 2011 para encontrar menos episodios de violencia y malos tratos que en 2019, con un total de 404 casos.
Lugares
La mayor parte de los episodios de violencia, 380, tuvieron lugar en las unidades penitenciarias.
En pabellones o celdas ocurrieron el 44% de las agresiones; en patios, pasillos o zonas de tránsito sucedieron el 26% de los hechos denunciados; y en las salas de espera se verificaron el 14% de las agresiones.
Además se detectaron 27 casos de violencia física que tuvieron lugar en hospitales o centros médicos (el 7% del total), mientras que otros 11 (lo que equivale al 3%) ocurrieron en establecimientos de salud mental.
También se contabilizaron 20 episodios en la vía pública o en el domicilio, 12 durante traslados, siete en comisarías, y cinco en institutos de menores.
Víctimas
El 44% de las víctimas tenía entre 25 y 34 años al momento de sufrir estos casos de malos tratos, otro 21% tenía entre 35 y 44 años, y 20% más se encontraba entre los 18 y 24 años.
El 89% de los reclusos golpeados o torturados son hombres (378), 8% son mujeres (34) y 3% pertenece a la comunidad LGTBI+ (15).
La zona metropolitana de la ciudad y la provincia de Buenos Aires (este) reúne el 48% de los casos denunciados, cuando alberga el 61% de la población penitenciaria.
Agresiones
En el 84% de los casos denunciados hubo más de un agresor.
Nueve de cada 10 victimarios son agentes del sistema penitenciario federal, aunque en 18 casos los atacantes fueron personal del área de salud, como médicos o enfermeros (5% del total) o incluso, en cuatro casos, los denunciados son las autoridades máximas de la prisión (1%).
"Los golpes de puño son lo más frecuente (79%) y las patadas, pisadas o pisotones (63%), pero también hubo casos de asfixias, cachetadas, golpes en los oídos, puente chino y varios otros considerando las múltiples posibilidades de ejercer violencia física", resumió la PPN.
El 39% de los agresores intentó silenciar a su víctima con amenazas, y el mismo porcentaje aisló de manera informal al detenido para encubrir lo sucedido.
Otro 28% recurrió a falsificar actas médicas, 18% más coronó los maltratos con una sanción de aislamiento, y un 16% agravó las condiciones de detención de la persona detenida.
Al término de 2019 había 14.067 personas privadas de su libertad en los 33 centros federales de Argentina, cuando la capacidad operativa utilizable es de 12.694 internos.