Según informó la televisión pública española (TVE), la Audiencia Nacional decidió citar a los expresidentes tras aceptar una petición de la acusación popular, formulada por el partido Izquierda Unida y por la Asociación Abogados Demócratas por Europa (ADADE).
Será la segunda vez que Mariano Rajoy comparezca en la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal de su partido, ya que en julio de 2017 fue citado para declarar en el juicio de la trama corrupta Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de la 'caja b', provocando su caída como presidente del Gobierno.
Entre la lista testigos citados también destaca la figura del exvicepresidente económico durante el Gobierno de Aznar y exdirector del FMI, Rodrigo, actualmente en prisión por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Asimismo, están llamados a declarar varios ministros, un expresidente del Senado, distintos dirigentes del Partido Popular e importantes directivos de empresas de construcción como OHL, Sacyr o FCC.
Por el momento no hay una fecha fijada para el arranque del juicio.
En este juicio el Partido Popular está acusado como partícipe a título lucrativo por el pago en dinero negro de parte de los casi 900.000 euros que costó la reforma de la sede del partido entre 2007 y 2008.
El anteriormente citado juicio de la Gürtel se limitó a investigar la financiación ilegal del partido entre 1999 y 2005, en lo que se conoce como la "primera época" de la trama.
La sentencia relata cómo un entramado de corporaciones que gira en torno a la figura de un empresario llamado Francisco Correa —cuya traducción en alemán es Gürtel— gozó de un arbitrario trato de favor en la contratación pública gracias al PP.
A cambio, los empresarios inflaban los precios que cobraban a las administraciones públicas y después repartían comisiones de dinero en metálico o hacían regalos a los políticos facilitadores.
Según los jueces, las cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar gastos electorales del Partido Popular o fueron a parar como donaciones a la llamada 'caja b' del partido, consistente "en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989".
Ahora, los jueces deberán dilucidar si esa 'caja b' también sirvió para pagar las obras de las sede del Partido Popular, situada en el centro de Madrid, curiosamente a escasos metros de la sede principal de la Audiencia Nacional.