"Lo bueno es que la ley ya no está en manos del Presidente (Andrés Manuel López Obrador), sino que ya está en poder del Senado, que comenzará trabajos en febrero próximo, y los legisladores tienen un mandato muy directo de la Suprema Corte de legislar sobre el tema", dijo Snapp, cofundadora del Instituto RIA para la incidencia en políticas públicas, a esta agencia.
Cuando los senadores no pudieron cumplir con el plazo del 30 de octubre pasado, límite para que el Congreso aprobara la nueva ley sobre el uso integral de la cannabis, el máximo tribunal acordó una "prórroga excepcional y por única ocasión", para atender la complejidad de la materia.
El nuevo plazo vence el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso, que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de abril de 2020.
La activista, a favor de la legalización de los usos de la marihuana, una de las más destacadas que cabildea en los pasillos del Congreso, explicó que la mayoría del trabajo se realizará en el Senado porque es la cámara dictaminadora.
Además, sigue siendo la Comisión de Justicia senatorial la que tiene que dictaminar la ley, junto con la Comisión de Salud y la de Estudios Legislativos, con opinión de Seguridad Pública, antes de pasar a votación del pleno.
Nuevas jornadas por la legalización
Hasta la fecha, ni los senadores ni los partidos políticos presentaron un nuevo anteproyecto diferente al texto que naufragó en octubre pasado.
"Lo que hemos visto es la misma versión que tuvo mucho rechazo en la sociedad civil, justo porque no contemplaba la despenalización de los usos de la marihuana, ni el levantamiento de la criminalización en el código penal federal", explica Snapp.
Aquel proyecto de ley tampoco tomaba en cuenta las necesidades de las comunidades rurales, "ni la posibilidad de que los campesinos pudieran participar en el mercado", continuó la experta.
Ante esas disyuntivas, los legisladores pidieron a la Corte Suprema una prórroga.
"Estamos comenzando a presionar para que tomen en cuenta las propuestas que hemos hecho en los últimos meses, surgidas de propuestas surgidas de muchos años de trabajo de la sociedad civil", adelanta la promotora de la legalización, basada en experiencias de otros países como Uruguay, EEUU y Canadá.
Entre los nuevos pasos considerados por el movimiento por la legalización está crear un marco de acciones para hacer conciencia en la población de la Ciudad de México, pero también en todo el país para enmarcar la reapertura de los trabajos legislativos.
"El objetivo es movilizar a mucha gente que ha estado participando, mostrar que es un tema directamente vinculado con la construcción de paz y la justicia social, este año vamos con todo para tener la ley que este país requiere", puntualizó.
La llamada Lucha contra las Drogas generó en paralelo el tráfico de unas 200.000 armas procedentes de EEUU cada año.
El senador oficialista, Julio Menchaca, dijo en octubre pasado que la marihuana legal podría generar casi 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales anuales.
México y EEUU acordaron diversas acciones contra el crimen trasnacional en el marco de una vista del fiscal general estadounidense William Barr.
