Los jueces consideraron que "no existe ilegalidad en el arresto domiciliario" que cumple Mera desde el pasado 6 de julio.
El exfuncionario está procesado junto con otras 23 personas en el caso conocido como "Sobornos 2012-2016", en el que se investiga un presunto de delito de cohecho.
Salvador ha afirmado durante el proceso que la sofisticada estructura de corrupción "fue liderada por Correa".
En el caso se han presentado como pruebas detalles de las facturas, las empresas y los aportes efectuados al movimiento político Alianza País, en ese entonces liderado por el expresidente, a cambio de contratos con el Estado.
Las acusaciones son negadas por Correa y sus exfuncionarios, que aseguran que hay una persecución política en su contra.
"Las garantías constitucionales están por encima del principio de legalidad (...) Están amparadas por tratados internacionales de derechos humanos", dijo el defensor.
El abogado considera que el arresto domiciliario podría equiparase a una prisión preventiva pues impide la libre movilidad, dado que el plazo establecido en la Ley para esta medida ya se cumplió, por lo que se estarían vulnerando los derechos de su defendido.
Según el Procurador, el monto del perjuicio al Estado en el caso "Sobornos 2012-2016" supera los siete millones de dólares, pero pide el triple de indemnización por los daños causados.