"Las penas de prisión impuestas a los dos líderes de la sociedad civil y a otros siete altos cargos catalanes son consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español y de la interpretación, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definición que ha hecho el Tribunal Supremo", aseguró en un comunicado esta asociación de defensa de los derechos humanos.
"Ambos deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas por sedición deben ser anuladas", concluye la asociación en una nueva valoración de la polémica sentencia del Supremo.
La entidad reconoce que "no halló ningún factor que indicara que el juicio en su conjunto fuera injusto", aunque sí critica la interpretación del delito de sedición por ser "excesivamente amplia" y por contribuir a la "criminalización de unos actos de protesta legítimos".
Según Amnistía Internacional, presentar cargos "excesivamente severos" por actos de desobediencia civil es una medida que "restringe indebidamente" derechos fundamentales como el de reunión pacífica o libertad de expresión.
Por ello, la asociación insta a España a revisar la definición del delito de sedición para evitar que esta sentencia condicione a la ciudadanía a no participar en protestas pacíficas por temor a cometer un delito.
Amnistía Internacional supervisa la situación en Cataluña desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, e incluso estuvo presente en todas las sesiones del juicio del procés celebrado en Madrid.
