"Saludar la voluntad de diálogo y el proceso de negociación instalado entre el Gobierno y las organizaciones indígenas de Ecuador, tal como fuera propuesto por la Conferencia Episcopal y el Sistema de Naciones Unidas y subrayar que la salida a la crisis debe ser resuelta en el marco de la constitución", indica el Parlasur (parlamento del Mercado Común del Sur) en una declaración.
Comisiones de las dos partes trabajan desde el 13 de octubre en el nuevo decreto, "que permitirá una política de subsidios con un enfoque integral", indica un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador.
El Mercosur está integrado por Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido).
El parlamento del Mercosur aclaró que emitió la declaración teniendo en cuenta que Ecuador es un estado asociado de ese bloque regional y debido a la "delicada situación regional generada a partir de las acusaciones del presidente Moreno sobre las responsabilidades externas en la crisis" del país sudamericano.
En la declaración, el Parlasur manifiesta "preocupación por la aplicación de políticas de ajuste por parte del Gobierno del Ecuador, demandadas por el Fondo Monetario Internacional como contraparte a supuestas ayudas financieras, en tanto impactan negativamente sobre el pueblo ecuatoriano".
"Rechazar la aplicación del estado de excepción y el recorte de las garantías constitucionales como forma de tratar con la protesta social", agregó el parlamento.
El Parlasur también rechazó la postura del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al "criminalizar la protesta social de los movimientos indígenas de Ecuador".
El parlamento del Mercosur no da detalles sobre a qué se refiere con "criminalizar la protesta social".
En el comunicado de la OEA del 8 de octubre pasado, el organismo indicó que es deber del Gobierno de Ecuador garantizar el derecho a la libertad de expresión y de protestas pacífica.
No obstante, indicó la OEA en el texto, "es injustificable que algunos actores los conviertan en un derecho a la violencia, al saqueo y al vandalismo".
Según la Defensoría del Pueblo, durante las jornadas de protestas siete personas murieron y hubo 1.154 detenidos, de los cuales 878 fueron liberados.
