"El uso indiscriminado de helicópteros de la policía como plataforma de tiro es algo que atenta contra la dignidad humana (…) algo extremadamente equivocado e irresponsable", afirmó a Sputnik la diputada opositora Renata Souza, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
Las ráfagas de las metralletas afectaron a una lona que supuestamente era un escondite de narcotraficantes, pero que en realidad era un espacio de oración para un grupo de evangélicos (cuando paso el helicóptero del gobernador no había nadie).
Unos días antes de este incidente, en la favela de la Maré, en la zona norte de Río de Janeiro, una operación de la Policía Civil dejó ocho muertos y, según los relatos de los vecinos, se realizaron disparos desde el helicóptero.
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La operación provocó escenas de pánico, con niños uniformados corriendo despavoridos para huir de la lluvia de balas; un colegio del barrio, llamado Projeto Uerê, colgó hace tiempo un cartel en su tejado con letras bien grandes: "No disparen, escuela".
Contó que tiene que refugiarse con su madre cada vez que hay una operación policial.
Para protegerse de las posibles balas perdidas, las dos se tumban en el suelo detrás de un mueble de madera que tienen en el salón, confiando en que sea capaz de aguantar eventuales impactos que atraviesen la pared.
Su rutina es la de miles de cariocas, pero ahora también tienen que estar pendientes del techo, y temen que las tejas de barro no aguanten las balas del helicóptero.
Para Souza, que también nació y creció en esa favela, se está implantando una "pena de muerte cotidiana en los suelos de la favela y de la periferia", por lo que es importante que personas de origen humilde, curtidos en este tipo de vivencias, ocupen espacios de poder para forzar un cambio en esas políticas.
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Esta diputada era amiga de la concejala de Río y activista Marielle Franco, asesinada el año pasado por dos expolicías.
Decidió entrar en política tras superar la conmoción causada por el crimen, ahora dedica buena parte de su mandato a denunciar los abusos que los agentes del Estado causan en los barrios más pobres de la ciudad.
"Hay que ver la favela también como potencia, como lugar de creación y zona de supervivencia y resistencia, hay que mirarla con una mirada de garantizar derechos y no como un lugar al que criminalizar, donde las personas tienen como único destino la muerte", criticó.
Además de la polémica de los helicópteros, el nuevo gobernador de Río también defendió disparar directamente "en la cabecita" a cualquier sospechoso armado y premiar a los agentes que maten delincuentes, así como usar drones capaces de disparar desde el aire, idea que de momento no llegó a concretarse.
En el primer trimestre del año, la policía de Río de Janeiro mató a 434 personas, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, la cifra más alta de los últimos 21 años.
Para Pablo Nunes, investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cândido Mendes, la tendencia es a empeorar.
"Desgraciadamente, convivimos con números indignantes y absurdos desde hace muchos años, pero hasta ahora no había un fomento por parte del gobernador a este tipo de acciones", lamentó al ser consultado por Sputnik.
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Añadió que se está consolidando una "tormenta perfecta" por el clima político general que hay en Brasil, en referencia al Gobierno de Jair Bolsonaro.
En Brasil, los estados tienen la competencia de la seguridad pública, pero el Gobierno de Bolsonaro, que hizo de la lucha contra la violencia una de sus banderas, también quiere hacer sus aportes.
Según la mayoría de especialistas, esta nueva cobertura legal hará que aumenten aún más las muertes provocadas por la policía y reforzará el ciclo de la violencia.
El Gobierno de Río de Janeiro declinó hacer declaraciones a Sputnik, pero agregó que los esfuerzos de la nueva gestión están dando sus frutos, y que el número global de homicidios está disminuyendo: en abril hubo 356 víctimas fatales, un 25 por ciento menos que en el mismo mes de 2018.