En la breve audiencia de este jueves en los tribunales de Westminster (Londres) "se le dio 65 días a Estados Unidos para que fundamente su pedido; esos 65 días presumimos que podrían servir para formular nuevos cargos, es que simplemente ahora hay cargos de conspiración cibernética y podrían agregarse muchos más", explicó el abogado.
El juez británico Michael Snow fijó para el 30 de mayo la próxima audiencia, que también será preparatoria, pero advirtió a Assange que solo en la siguiente, prevista para el 12 de junio, habría "algo sustancial", y que llevaría varios meses establecer la materia completa de la acusación estadounidense.
Poveda se quejó de que las condiciones de reclusión de Assange en la prisión de Belmarsh (este de Londres) dificultan el trabajo del equipo legal, que solo se ha entrevistado con el fundador de WikiLeaks "dos o tres veces" desde que fue detenido el 11 de abril en la embajada ecuatoriana.
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Assange "recibe una hora de sol al día, pasa la mayor parte del tiempo encerrado en una celda; está aislado y por tanto hay también restricción a las visitas legales", dijo.
La acusación asegura que Assange prestó auxilio a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning para ingresar a servidores protegidos y divulgar unos 90.000 reportes de la guerra en Afganistán, 400.000 de la guerra en Irak y unos 800.000 documentos sobre los detenidos en la prisión militar de Guantánamo así como cables diplomáticos estadounidenses de varias décadas.
Estados Unidos asegura que la pena máxima por ese delito es de cinco años.
El Reino Unido se ha comprometido a no extraditar a Assange si el país requirente lo imputa con delitos que se penan con la muerte.
"Pero la práctica demuestra lo contrario", dijo Poveda, y puso los casos de los supuestos miembros del grupo terrorista Daesh (proscripto en Rusia), Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, quienes están acusados de haber decapitado a algo más de dos decenas de rehenes en Irak.
"No hay ningún tipo de seguridad de que el Reino Unido respete las reglas de extradición", dijo Poveda.
La filtración de datos secretos sensibles para la seguridad nacional podría ser motivo de nuevos cargos contra Assange "y, si se le aplica un régimen especial como espionaje militar, podría enfrentar la pena de muerte", insistió.
Poveda estima que, por la forma expedita en que se desarrolla, el juicio de extradición podría durar entre seis meses y un año, "que coincidiría con la pena que se le impuso por violar la orden de arresto de la justicia británica", comentó.
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Assange fue condenado a 50 semanas de prisión por burlar las condiciones de su libertad condicional en junio de 2012 y refugiarse en la embajada ecuatoriana para no ser detenido y extraditado a Suecia.
El equipo en Reino Unido está encabezado por la jurista Jennifer Robinson, especializada en libertad de expresión y quien ha encabezado otros casos sonados defendiendo a medios como The New York Times, CNN, Associated Press y Bloomberg.
Hay equipos legales trabajando en forma honoraria por Assange en Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Australia y Ecuador.
Poveda indicó que también se estudia la posibilidad de pedir que se aplique el Arreglo de Dublín, una norma de la Unión Europea que establece que la solicitud de asilo de un ciudadano ajeno al bloque sea examinada por un solo estado miembro, el primero al que haya ingresado el solicitante.
"Cada equipo se ha dedicado a una parte de la defensa. En el caso de Ecuador es en referencia a la revocación del asilo y la suspensión de la ciudadanía, así como la entrega de los bienes que Assange tenía en la embajada y que han sido reclamados por su madre", dijo Poveda.
"Nosotros también aquí hemos pedido saber cuál es el destino de estos bienes; si ellos argumentan que están vinculados a algún delito presuntamente cometido en la embajada deberían ponerlos en manos de la fiscalía; no hay cadena de custodia ni levantamiento de evidencias; nos preocupa que puedan inventar evidencias contra Assange", dijo el abogado.
Todas estas acciones requieren recursos que, según Poveda, son escasos.
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Por eso, comentó, la organización WikiLeaks lanzará una campaña para ayudar a financiar las acciones legales en favor del ciberactivista australiano.
