"El trabajo del Ministerio Público es reunir las informaciones que permiten esa demarcación según los criterios de la Constitución; el trabajo del Ministerio Público es promover esa demarcación si no la realizan los órganos propios del poder ejecutivo", afirmó la procuradora, según recoge la estatal Agência Brasil.
A partir de ahora, esa potestad corresponde al ministerio de Agricultura, lo que generó fuertes críticas entre las comunidades indígenas, que alegan que este ministerio está controlado por el lobby ruralista y temen que los proyectos de demarcación que estaban en marcha se paralicen y no se reconozcan nuevas tierras.
Para que estos y otros cambios entren en vigor se necesita todavía el aval del Congreso Nacional, por lo que los activistas indígenas están presionando para que el Gobierno de marcha atrás y devuelva el poder a la FUNAI; estos días se celebra en Brasilia el XV Campamento Tierra Libre, que reúne a indígenas de todo Brasil y está centrado en revertir esas propuestas.
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El texto reúne documentos oficiales, declaraciones, investigación bibliográfica, fotografías y mapas para mostrar que los indígenas fueron deliberadamente excluidos de los procesos de reasentamiento y reparación, incluso por la acción de órganos estatales, como la propia FUNAI y el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INCRA).