La reunión entre autoridades suecas y el embajador ecuatoriano se realizará el 23 de abril, señalaron el diario sueco Expressen y el portal Ecuador Inmediato.
El 20 de abril, el juez de la Unidad de Garantías Penales, Rodolfo Navarrete, le dictó prisión preventiva por 90 días, mientras se lo investiga por la presunta comisión del delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.
La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró el 18 de abril que Bini era un "miembro clave" de WikiLeaks y que había "colaborado con intentos de desestabilización en contra del Gobierno" de Ecuador.
Por su parte, el 21 de abril, los padres de Bini urgieron al Gobierno de Suecia a intervenir en el caso.
"Nosotros, como ciudadanos suecos, exigimos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno demuestren que no se acepta que un ciudadano sueco sea tratado de esta manera en otro país", escribieron en una carta.
El abogado de Bini, Carlos Soria, dijo a Sputnik el 16 de abril que su arresto carece de fundamento y obedece a la persecución política contra el ciberactivista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba la embajada de Ecuador en Reino Unido y detenido por la policía británica, juzgado y condenado por burlar una orden de arresto en 2012.
La detención de Assange se hizo también "en el nombre de las autoridades de Estados Unidos" que presentaron el 18 de abril una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por la presunta comisión de delitos de intrusión informática.
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El Departamento de Justicia de EEUU sostuvo en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange tienen una pena máxima de cinco años de prisión.
Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto, que la policía británica hizo efectiva el pasado 18 de abril.