La medida propuesta por el Gobierno conservador, que abarcó también otras penalizaciones contra Birmania, Irán y Guinea-Bisáu, logró la luz verde sin apenas oposición y sin necesidad de someterla a voto de los diputados.
"Nuestra intención es transferir el régimen existente a nuestra legislación autónoma y crear el marco legal en que operarán las sanciones", explicó el secretario de Estado para las Américas, Alan Duncan.
Duncan confía sin embargo en mantener su influencia en las decisiones sobre el régimen de sanciones que Bruselas tome después de la escisión.
"Hemos dejado muy claro a la UE que queremos trabajar juntos", afirmó Duncan en los Comunes.
Respecto a las medidas contra Venezuela, agregó el político, el objetivo es actuar en "estrecha armonía con la UE y el Grupo de Lima" para poder así "hablar con una única voz".
"Estamos de acuerdo en implantar las sanciones de la UE", afirmó Helen Goodman, del equipo de Exteriores de Jeremy Corbyn.
La diputada laborista defendió el diálogo y las elecciones "libres" como vías para superar la crisis en el país sudamericano.
El conservador John Redwood emitió un "mensaje de solidaridad" al líder de la oposición, el autoproclamado "presidente" Juan Guaidó, mientras su colega Andrew Lewer instó a "declarar persona non grata a la embajadora" venezolana en Londres, Rocío del Valle Maneiro.
"La Cancillería no ha ejercido presión en ningún momento sobre el Banco de Inglaterra y cualquier decisión sobre la trasferencia del oro que preservan es asunto del Banco de Inglaterra y lo gestionan sin interferencias políticas", respondió el secretario de Estado.
De acuerdo con el político conservador, el Gobierno está reforzando "considerablemente" el número de funcionarios en del área de sanciones internacionales.
