"El Gobierno de la República Bolivariana rechaza por absurdas y carentes de rigor las declaraciones de algunos Gobiernos que han cuestionado la legítima decisión adoptada el día de ayer por la soberana Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, en relación al caso de Juan Guaidó Márquez, diputado al parlamento venezolano", indicó la Cancillería a través de un comunicado.
"Decreta autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) publíquese el presente decreto (…) y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia", indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
En el texto se explicó que la decisión de la Constituyente está "plenamente apagada a derecho" y que es producto de un proceso que comenzó el Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 29 de enero.
"En este caso la Asamblea Nacional Constituyente ha respondido favorablemente a la solicitud del máximo Tribunal de la República para dar continuidad al proceso de investigación en contra del mencionado ciudadano", se expuso.
La Constituyente tomó esta decisión luego de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, solicitó a ese órgano, constituido como un supra poder y con el objetivo de reformar la Constitución, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó.
Sin embargo, el pasado 22 de febrero salió del país, por lo que el máximo tribunal le colocó una multa de 200 unidades tributarias, equivalentes a 10.000 bolívares (moneda local) o unos tres dólares.
La Cancillería condenó que gobiernos de la región y organismos internacionales intenten interferir en el sistema de justicia de su país.
"Resulta absolutamente repudiable que altos voceros de diversos Gobiernos y organismos internacionales continúen practicando un vergonzoso intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela, en este caso en la aplicación de nuestra legislación interna, violando abiertamente el Derecho Internacional Público", se indica en el documento.
En tal sentido, el Gobierno del país caribeño exigió respeto a la institucionalidad democrática de Venezuela y llamó a esas naciones a sumarse a la promoción de una solución política dialogada a los conflictos de esa nación.