"Se había declarado unilateralmente la independencia de Cataluña. Había una vulneración grave del orden constitucional", dijo Santamaría, que declaró como testigo.
El 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña, de mayoría independentista, adoptó dos resoluciones en base a los resultados del referéndum celebrado el día 1 de ese mismo mes, una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España.
Sin embargo, estas consideraciones estaban incluidas en la exposición de motivos y no en la parte dispositiva de la resolución, lo que fue utilizado por el independentismo para defender que la declaración fue un gesto político sin efectos prácticos.
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La segunda de esas resoluciones instaba al Gobierno catalán a poner en marcha un proceso constituyente al amparo de las leyes de ruptura que fueron aprobadas previamente, también consideradas ilegales por el Tribunal Constitucional.
Desde Madrid se consideró que la respuesta de Puigdemont no fue lo suficientemente aclaratoria, por lo que se decidió, con la autorización previa del Senado, activar el artículo 155 de la constitución para destituir al Gobierno catalán e intervenir sus instituciones.
"¿Ustedes creyeron que era una declaración meramente simbólica?", preguntó este 27 de febrero el fiscal del Tribunal del Supremo, Javier Zaragoza, a la exvicepresidenta del Gobierno.
La exmandataria española respondió rotunda: "No, por eso aplicamos el 155"
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra 12 líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Entre los acusados destacan figuras como Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
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Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.
