"Cumpliendo instrucciones de la presidencia y la junta directiva de la Asamblea Legislativa se ha instruido al personal que evacue inmediatamente de sus instalaciones físicas dentro del edificio, que puedan retirarse a sus casas y que están exentos de la marcación de este día para evitar mayores daños", informó Mauricio Dubón, gerente de Recursos Humanos del Congreso.
"Estamos esperando evaluación de parte de Protección Civil, los ingenieros que vienen a ver los daños causados para tomar las medidas pertinentes para el próximo lunes", notificó Dubón a los empleados que aguardaban en los puntos de encuentro, las zonas seguras que en cada edificación salvadoreña deben estar señalizadas y localizables.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador elaboró a inicios de siglo una clasificación de los inmuebles según su vulnerabilidad.
Según dicho listado, de casi 2.000 estructuras referenciales, 52 tienen bandera roja, o sea, el peligro de derrumbe es inminente, no puede ser habitado y se recomienda su demolición.
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Un empleado administrativo en las afueras del Palacio Legislativo comentó a Sputnik que "este edifico está catalogado como bandera naranja, aunque en algunas áreas merece la roja porque está resentido desde los terremotos de 1986 y 2001".
En 2015, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo por 32 millones de dólares firmado por el Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción de una nueva sede del parlamento, aunque el actual edificio quedaría para los trabajadores administrativos.