La encuestadora preguntó a los entrevistados si les convenció o no la explicación del presidente y su equipo sobre el cierre de oleoductos y la falta de gasolina; y la respuesta es que un 56,7% "las considera correctas", dice el estudio realizado para el periódico local El Economista.
La estrategia implementada por más de 5.000 efectivos militares y policiales consiste en cerrar los oleoductos del centro del país para ser reparados.
También incluye ejecutar el reparto terrestre mediante 1.600 camiones cisternas de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y 3.400 camiones privados.
La distribución por carreteras tiene un mayor costo, deja a cientos de gasolineras sin abastecimiento y genera largas filas de automovilistas en las estaciones de servicio.
Un 50% de los encuestados consideró que "los ciudadanos deben apoyar estas medidas", aunque deban padecer los problemas de abastecimiento de gasolina.
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Un 39,9% piensa que "se debe exigir la regularización del suministro de combustible de inmediato" y que el Gobierno tiene que buscar otras formas de combatir el robo de combustibles, que representa pérdidas de hasta 3.000 millones de dólares anuales a la estatal Pemex.
Un 51,2% de los consultados dijo que "en nada les ha afectado la escasez de gasolina" en varios estados centrales del país y la capital, mientras que un 64,6% aseguró que resolver el problema de distribución de combustible "tardará más de una semana".
Por otra parte, un 70,4% de los encuestados dijo que estaba "satisfecho con la forma en que el Gobierno ha informado sobre el desabastecimiento".
Sin embargo, casi la totalidad de ese porcentaje, un 98,3%, votó por el presidente López Obrador en las elecciones de julio del 2018.
En contraste, un 26% dijo que "no estaba conforme con la forma de comunicar el problema" por parte del Gobierno.
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De ese porcentaje, un 61% no votó por el mandatario, quien fue postulado por una coalición encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (izquierda).
La encuesta de Consulta Mitofsky fue realizada entre el 9 y el 11 de enero de este año a 1.000 ciudadanos mexicanos en todo el país.