"El presidente de la República, Lenín Moreno, vetará la disposición transitoria número 8 de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobadas por la Asamblea Nacional, el pasado 18 de diciembre", dijo Michelena en un comunicado.
El veto parcial se entregará al Legislativo antes de los 30 días que determina la ley.
La disposición transitoria número 8 de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, incluida a última hora por los legisladores en el paquete de reformas enviadas por Moreno, contempla la renovación automática de frecuencias por una sola ocasión, en un plazo de 60 días.
"Esta forma de hacerlo no corresponde a lo que dice la Constitución (…) La Carta Magna establece que se creen mecanismos transparentes y ágiles para la asignación de frecuencias", puntualizó Michelena.
Radio: ¿Golpe mediático a la corrupción en Ecuador?
Según Michelena, el texto de la mencionada disposición transitoria también contraviene un informe del Contralor General del Estado, quien solicitó la declaratoria de nulidad del concurso de frecuencias emprendido por el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Al momento hay 506 frecuencias cuyo proceso de concesión está detenido pero se encuentran al aire, 277 casos están en análisis individual, según la recomendación de la entidad de control.
Las frecuencias que se vencieron hasta el 25 de junio de 2013 —antes de la vigencia de la LOC— serán renovadas de acuerdo con el marco legal que regía hasta ese momento y contemplaba la renovación automática, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Otros temas que también fueron observados por el Ejecutivo están relacionados con la estructura del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom), que el Ejecutivo mantendrá conforme a normas constitucionales.
La polémica Ley de Comunicación ha sido criticada tanto en el país como por organismos internacionales por considerar que afecta la libertad de expresión y de prensa, limita las expresiones críticas de los periodistas hacia políticas públicas o funcionarios del Estado, y que representa un mecanismo de autocensura y castigo para muchos medios de comunicación y reporteros.