"La CIDH otorgó medidas cautelares, mediante la resolución 84/2018, a un grupo de mujeres privadas de su libertad en el Centro Penitenciario La Esperanza, que habrían sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas, insultos y amenazas por parte de agentes penitenciarios", indicó la Comisión en su cuenta de Twitter.
La @CIDH otorgó medidas cautelares, mediante la resolución 84/2018, a un grupo de mujeres privadas de su libertad en el Centro Penitenciario “La Esperanza”, que habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, insultos y amenazas por parte de agentes penitenciarios. (1)
— CIDH (@CIDH) November 13, 2018
Las detenidas son Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, Solange Centeno Peña, Maria Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera y Nelly Marilí Roque Ordóñez, todas en "situación de gravedad y urgencia", según la CIDH.
En particular, la Comisión urgió al Estado a tomar las medidas necesarias para que las detenidas obtengan atención médica.
Para verificar la situación de las detenidas, el organismo pide al Gobierno facilitar el acceso de abogados y familiares "e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar".
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Las medidas cautelares son un mecanismo previsto en el artículo 25 del reglamento de la CIDH.
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Nicaragua vive desde el 18 de abril pasado una crisis originada por una serie de protestas opositoras que derivaron en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y que han dejado cientos de muertos y detenidos.
El Gobierno de Daniel Ortega sostuvo que hay 273 detenidos, acusados de muertes y daños causados en las protestas.
En un comunicado la cancillería nicaragüense aseguró que el país perdió 961 millones de dólares debido al impacto de las protestas y la violencia en la actividad económica entre los meses de abril y julio.
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"El pueblo de Nicaragua fue sometido a un intento de golpe de Estado por grupos políticos disfrazados de organizaciones no gubernamentales, asociados al crimen organizado y financiados desde el exterior", dice el comunicado.
Las autoridades aseguraron que en ese lapso se perdieron 120.000 puestos de trabajo.