"Bien por los diputados que votaron a favor de la producción y del desarrollo del interior respetando el concepto productivo de los inmuebles rurales", dijo en su cuenta de Twitter el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.
#AHORA Bien por los diputados que votaron a favor de la producción y del desarrollo del interior respetando el concepto productivo de los inmuebles rurales. La media sanción al #Presupuesto2019 es un paso adelante. #Presupuesto con @SociedadRural
— Daniel Pelegrina (@DanielPelegrina) October 25, 2018
La SRA, una de las principales patronales agropecuarias del país, valoró que los inmuebles rurales sean exceptuados de un proyecto de ley aprobado en la madrugada de este 25 de octubre que establece una alícuota progresiva del 0,25 al 0,75% para los bienes que superen los dos millones de pesos.
Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había advertido en la víspera a los congresistas que no era el camino "para crecer seguir aumentando impuestos o creando nuevos".
Su filial en Córdoba (centro), una de las principales provincias agropecuarias del país, criticó pese a todo el "nuevo intento de incremento en la ya agobiante presión impositiva que pesa sobre todas las actividades productivas en general y la agropecuaria en particular".
El organismo, que reivindicó el esfuerzo que realizaron gremios agropecuarios, "aportando a las arcas del tesoro nacional a través de diversos impuestos específicos", solicitó al Senado que sancione ahora el proyecto de ley girado por la Cámara de Diputados.
Las patronales agropecuarias han sido uno de los principales respaldos con los que ha contado el Gobierno de Macri desde el comienzo de su gestión.
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Nada más asumir en diciembre de 2015, el presiente suprimió las retenciones a las exportaciones de girasol, trigo y maíz, y redujo los gravámenes a las ventas de soja.
El actual secretario de Agroindustria (ministro hasta que fue degradada su dependencia hace unas semanas), Luis Etchevehere, fue presidente de la SRA entre 2012 y 2017.
Por el contrario, unos 20.000 pequeños productores que forman parte de la economía popular protestaron en varias ocasiones contra el Gobierno para pedir que sancione una ley que les dé acceso a la tierra.