No han sido dichos aislados de Bolsonaro los que han suscitado la preocupación de grupos de defensa de los pueblos originarios. Incluso antes de volverse uno de los candidatos favoritos para la presidencia, el capitán del Ejército ha mencionado su oposición a la demarcación de tierras para las comunidades indígenas.
"Los indios ya tienen tierra de más", afirmó en un acto.
Según los datos oficiales, hay más de 300 etnias indígenas distintas en Brasil. Se estima además, en base a testimonios y otros indicios, que existen por lo menos 112 grupos indígenas aislados. La mayoría está en la Amazonia, una región que ha sido objeto de polémicas en la campaña electoral, ya que Bolsonaro defiende su explotación comercial.
Las comunidades reivindican al menos 1.306 tierras en todo el país. Hasta el momento, el reconocimiento oficial de un 64% de estas extensiones está pendiente, según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), un organismo vinculado a la Conferencia Episcopal de Brasil que trabaja con los pueblos originarios.
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"El contexto actual es muy preocupante. Venimos de un proceso histórico en el que los derechos de los pueblos no están siendo priorizados", explicó a Sputnik Gilberto Vieira, secretario adjunto del CIMI.
"Las declaraciones evidentes de que si fuera electo no habría demarcación de tierras indígenas y la composición de fuerzas [en el Congreso] con sectores vinculados al agronegocio y otros que tienen interés en las tierras indígenas, de hecho muestra un cuadro bien peligroso", agregó.
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El artículo 20 de la Constitución establece que "las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios" y sus "recursos minerales, inclusive del subsuelo", son inalienables y pertenecen al Estado brasileño. Según el IBGE, las tierras reconocidas constituyen un 12,5% de la superficie de Brasil, es decir, cerca de un millón de kilómetros cuadrados.
Para Vieira, la supuesta amenaza del separatismo de las comunidades indígenas ya había sido utilizada por sectores conservadores que se opusieron a este reconocimiento en el texto fundamental del Estado. Son argumentos "que no reverberan" en las comunidades y que "buscan reafirmar el racismo institucional".
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"En Brasil, hace siglos se busca reafirmar que esos pueblos tienen derechos originarios respecto a otros, y deben ser respetados como ciudadanos brasileños. La Constitución de 1988 dio un paso en ese sentido, y no hay ninguna manifestación que tenga base en la lucha por el separatismo", indicó el referente del CIMI.
De acuerdo con el CIMI, los ataques de Bolsonaro a los grupos indígenas están motivados por "la defensa de los intereses privados ante los del Estado y el pueblo de Brasil", según el comunicado en el que denuncian la falsedad del separatismo indígena.
Los sectores ruralistas, que propugnan el derribo de extensiones de bosques tropicales y otros biomas para dedicarlas a la ganadería y la agricultura, son uno de los principales aliados del presidenciable y tradicionalmente se han manifestado en contra de la demarcación de tierras indígenas.
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El CIMI ha relevado en la última década el asesinato de 1.071 indígenas, principalmente debido a conflictos territoriales. La falta de demarcación de la tierra propicia el avance de la industria de la madera, la minería y los ruralistas, y deja un saldo de casi 10 muertos por mes. En 2017, fueron 110 los integrantes de comunidades originarias asesinados en esas circunstancias.
La situación se agravó a partir de 2016, con la paralización de las demarcaciones con el acceso al Gobierno de Michel Temer, tras el juicio político que destituyó a la presidenta popularmente electa, Dilma Rousseff. Las fiscalizaciones se redujeron, y los indígenas quedaron más desprotegidos ante la invasión de otros sectores.
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En ese sentido, Vieira subrayó que "cualquier iniciativa" de explotación de los "bienes de la naturaleza" va a redundar en una violación de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, recordó los efectos de la construcción de rutas, represa hidroeléctricas y otras obras de infraestructura "que significaron casi la extinción para muchos pueblos".
"Ese discurso de que la Amazonia tiene que ser liberada va contra acuerdos que Brasil asumió en conferencias del clima, por la reducción de emisiones, la preservación de los bosques, la reforestación y el cuidado del medioambiente", dijo el portavoz del CIMI.
"Los pueblos indígenas son, como otros pueblos tradicionales, los que vienen preservando ese espacio. Entonces permitir que cualquier explotación se de en esas regiones resultará por cierto en una reedición de crímenes que históricamente fueron cometidos contra esos pueblos", agregó.
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Estos grupos hablan sus propias lenguas y no el portugués, y dentro de su cosmovisión no entienden ni siquiera el concepto del Estado brasileño. Su subsistencia depende de la protección del Estado. Desde el CIMI —e incluso durante un tiempo desde la Fundación Nacional del Indio— consideran que se debe respetar la opción de estas comunidades de mantenerse aisladas.
"Creemos que esos grupos están en mayor riesgo por no tener la garantía de la debida protección", concluyó Vieira.