"Ministerio Público busca recuperar el dinero invertido por exvicepresidenta Baldetti para adquirir inmueble en área exclusiva de Roatán [isla], Honduras", informó la Fiscalía en un comunicado.
El monto transferido a Honduras es de 229.032 dólares como abono para comprar el bien inmueble, "los cuales son de procedencia ilícita", agrega.
Parte de los pagos para pagar el terreno se realizaron por medio de las sociedades de nombre Multiempresarial HJ&AV S.A y Multiempresarial Jayes y Conyers Bussines, S.A., según las investigaciones de la Fiscalía.
Te puede interesar: Guatemala en vilo por corrupción y aislamiento internacional
Esta última empresa está relacionada con el exministro de Energía y Minas, Erick Archila.
Las negociaciones de compra del inmueble comenzaron en 2014 y parte del dinero utilizado fue aportado por exfuncionarios de Gobierno durante el período en que Baldetti fue vicepresidenta, añade la Fiscalía.
Bajo ese acuerdo, cerca de las fechas de los cumpleaños Pérez Molina y Baldetti, los ministros reunían sumas elevadas de dinero que tenían como destino la compra de bienes de súper lujo entregados en calidad de regalo presidencial y vicepresidencial.
Además: Activista: indignación en Guatemala porque la corrupción "llegó al máximo"
La Cicig indicó que los funcionarios participaron en ese acuerdo para "agradar al jefe, muy a la usanza de las estructuras de delincuencia organizada que garantizan su permanencia dentro de la jerarquía y su permiso de operación mediante el otorgamiento de dádivas al jefe de la organización".
Además, está acusada por presunta estafa al Estado al haber obtenido de manera irregular la concesión del proyecto de saneamiento del Lago Amatitlán y por liderar una estructura criminal que incluía a varias instituciones claves del Estado guatemalteco para enriquecerse de manera ilícita.
Tema relacionado: Exvicepresidenta debe afrontar juicios en Guatemala antes de ser extraditada a EEUU
EEUU solicitó en junio de 2017 a Guatemala la extradición de Baldetti para juzgarla por requerimiento de la Corte del Distrito de Columbia por los delitos de asociación delictiva y conspiración para el tráfico de drogas.