La petición fue hecha por Mapp-OEA en el vigésimo cuarto Informe al Consejo Permanente de la Organización, en Washington, en el cual el jefe de la Misión, Roberto Menéndez, planteó "la insuficiente presencia y control territorial del Estado para brindar plenas garantías de seguridad", indica un comunicado de la Misión.
La Misión reconoció los avances logrados tras la firma del acuerdo final de paz, que se han traducido en el desarme y desmovilización de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la creación de normas para la implementación de la paz y el impulso a la participación social.
Sin embargo, se dijo preocupada por "las graves afectaciones humanitarias a la población civil a causa del accionar violento de grupos armados ilegales".
El informe también subrayó "la persistente violencia contra líderes y lideresas sociales, comunales, campesinos, étnicos y de derechos humanos en el país, quienes son víctima de asesinatos, amenazas, desplazamiento y estigmatización".
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Al respecto advirtió que como resultado de esos ataques corre riesgo la implementación del proceso de paz y los avances en la participación ciudadana.
"Será central que el nuevo Gobierno (de Iván Duque) pueda redoblar los esfuerzos para prevenir todo tipo de agresiones contra líderes y lideresas, protegerlos de forma efectiva y judicializar a los autores materiales e intelectuales de manera oportuna", indica el informe leído por Menéndez.
El informe, que es resultado de 1.500 misiones a terreno entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2017, también advirtió que otros retos están relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la reforma rural integral y la reparación colectiva de las víctimas del conflicto.