"Uruguay apoya la resolución del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Nicaragua, en la que condena la violencia, represión y violaciones a derechos humanos y llama a la participación en el diálogo nacional", dice el texto de prensa difundido en la web de la Presidencia uruguaya.
La resolución propuesta por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, México y Perú, y aprobada el 18 de julio en sesión extraordinaria con 21 votos a favor, siete abstenciones y tres votos en contra, reitera "la enérgica condena" de la OEA "a los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos contra el pueblo nicaragüense".
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó la resolución y presentó a su vez un borrador distinto, titulado "Propuesta de Resolución de Restitución de la Paz en Nicaragua".
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Dicho borrador incluía un llamamiento a retomar el diálogo nacional y proponía condenar a "grupos opositores golpistas"; también proponía reconocer que el Gobierno tuvo la apertura de invitar a misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Misión de Acompañamiento Electoral, a la Secretaría General de la OEA, a la Unión Europea y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sin embargo, representantes de algunos grupos que conforman el gobernante Frente Amplio de Uruguay (izquierda) participaron esta semana del Foro de São Paulo celebrado en La Habana, cuya declaración final incluye un apoyo explícito al Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
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"Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista, país en el que se está implementando la fórmula que viene siendo aplicada por el imperialismo norteamericano a los países que no responden a sus intereses hegemónicos, causando violencia, destrucción y muerte mediante la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista", dice la declaración del Foro de Sao Paulo.
La CIDH informó a principios de julio que 264 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas, mientras que la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que las muertes llegan a 351.
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El Gobierno de Ortega atribuye el derramamiento de sangre a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra.
