La funcionaria explicó a Sputnik los objetivos del proyecto de ley de energías renovables y eficiencia energética que prepara el Gobierno de Mauricio Macri.
Heins destacó que "desde Argentina miran con mucha atención al resto de la región, porque países como Chile, Uruguay, México y Brasil están más avanzados en eficiencia energética".
Para avanzar en este camino, la subsecretaria opinó que no solo es necesario un andamiaje institucional, sino que es fundamental construir una regulación legal en la materia.
"Todos los países que han avanzado es porque tienen una regulación asociada y esto podría ser, fundamentalmente, alguna ley que abarque todos los sectores de consumo y generación y distribución de energía para que no dependa de la iniciativas individuales de cada Gobierno, y se convierta en una política de Estado de mediano y largo plazo", destacó.
Para la redacción del proyecto, se han tomado como referencia las leyes de la región, como las de Uruguay, México y Brasil. Este último país, si bien tiene sectorizadas las regulaciones en función de si se trata de energía eléctrica, gas o combustible, tiene requerimientos normativos de eficiencia energética. Chile, por su parte, también está trabajando en el tema.
"Con esa búsqueda hemos desarrollado nuestro proyecto de ley teniendo también como foco algunas particularidades de nuestro país, como por ejemplo que somos una nación federal y necesitamos la adhesión o el compromiso de las provincias", destacó.
"Estamos trabajando para que esta sea una ley de presupuestos mínimos, que están contempladas en el artículo 41 de la Constitución, que habla del cuidado del ambiente", destacó la funcionaria, porque "entendemos que la eficiencia energética aporta directamente al cuidado del ambiente", ya que las medidas de eficiencia energética constituyen un 30 % de la contribución nacional que Argentina presentó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, informó.
Esto significa que el 30% de los compromisos de Argentina de cara al 2030 para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero "están asociados a medidas de eficiencia energética en los distintos sectores".
"Lo que buscamos es generar un paraguas normativo de donde después se puedan desprender distintas iniciativas similares a las que hoy se están desarrollando desde el Gobierno nacional y en muchos Gobiernos provinciales, pero que ya no sean algo sujeto al interés o a la voluntad del Gobierno de turno", agregó.
Un ejemplo es incluir medidas de eficiencia energética en los organismos públicos. "Desde el ministerio de Energía y Minería tenemos una iniciativa que es en principio obligatoria para todos los organismos del Gobierno nacional, voluntaria para las provincias y los municipios", informó.
Muchas provincias tienen algunas iniciativas propias, pero en el proyecto de ley estas iniciativas serían "obligatorias para todos los organismos del estado de todos los poderes de Gobierno que deben incluir plan con objetivos y metas de eficiencia energética".
De acuerdo con la experiencia mundial, hay dos modelos para lograr esto en el sector privado. Uno es por la vía de incentivos a través de beneficios fiscales o aranceles diferenciales para quienes incorporen equipamiento eficiente, además de incentivos para el financiamiento con condiciones preferenciales.
El otro camino es imponer la obligatoriedad de implementar sistemas de gestión de la energía en los grandes usuarios consumidores porque así se podrían obtener rápidamente beneficios en la reducción de los consumos con todos los beneficios positivos que esto implica. "La idea es incorporar estos mecanismos a largo plazo, y para ello es necesaria la aprobación de este proyecto de ley", explicó la subsecretaria.
Heins habló con Sputnik durante la Reunión de ministros de Energía del G20 que se lleva a cabo entre el 14 y el 15 de junio en la ciudad de Bariloche para discutir el fortalecimiento de las energías renovables y la eficiencia energética, el acceso a la energía en América Latina y el Caribe, la reducción de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, y la transparencia de la información energética y digitalización de los mercados energéticos.
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