En un comunicado emitido este 3 de abril, el Ministerio Público comunicó su decisión de solicitar a la Audiencia Territorial, órgano encargado de decidir sobre la extradición, la activación del procedimiento.
Según la Fiscalía, como presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Puigdemont autorizó un "referéndum anticonstitucional" a pesar de que existía la posibilidad de que se produjesen "disturbios violentos".
El delito de malversación de caudales públicos también está recogido en el código penal de Alemania, por lo que la Fiscalía de Schleswig-Holstein no ve ningún impedimento en autorizar la entrega del político catalán a las autoridades españolas.
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El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afirmó en declaraciones a la cadena radiofónica RAC1 que "la Fiscalía alemana asume la defensa de la Justicia española" y que "ahora comienza el proceso de extradición, que es lo que esperábamos".
"Lo que habría sido noticia es que la petición no hubiese sido admitida a trámite", agregó.
Carles Puigdemont fue detenido por la Policía alemana cuando intentaba entrar en el país en la mañana del 25 de marzo desde Dinamarca.
Además del inicio de los trámites para la extradición, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein interesó el mantenimiento en prisión del líder independentista al considerar que existe riesgo de fuga.