"Es una fuerte advertencia y a la vez una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales", dijo la directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, Alejandra Gonza, representante de Cruz ante organismos internacionales.
"Cada vez que presentamos un recurso nacional o internacional nuestra vida y la de nuestras comunidades corre peligro; cada vez que lo ganamos el riesgo aumenta", indicó en una declaración difundida por sus abogados en México y en Washington, sede del organismo internacional.
Las comunidades de la etnia zapoteca emprendieron hace muchos años una lucha ante lo que consideran la "imposición" del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, estado de Oaxaca (sur) en el istmo de Tehuantepec, que no cuenta con el consentimiento comunitario.
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Los constructores intentaron instalar el proyecto original en el pueblo de San Dionisio del Mar como consorcio Mareña Renovables.
Durante los últimos meses, expertos de esa institución universitaria estadounidense apoyaron a Cruz para documentar "el peligro constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender su territorio, enfrentándose al Estado y a las empresas".
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Los pueblos indígenas representados por Cruz denunciaron ante el máxima corte federal mexicana "la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur".
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El informe reseña que en Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento en tierras comunales, que han alterado las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas desde los años 1990.