La Audiencia Nacional estaba coordinando el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros que se encuentran en prisión preventiva en Madrid; el caso del expresidente Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros, que se encuentran con una petición de extradición en Bruselas y el de los dos líderes de Omnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
Lamela acuerda esta medida en contra del criterio de la Fiscalía, que se había pronunciado horas antes a favor de seguir la causa por rebelión y sedición en la Audiencia Nacional.
La jueza entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaria enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.
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En el caso de la Audiencia Nacional, las penas fueron más duras, dado que la magistrada Lamela envió a prisión al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a siete exconsejeros de la Generalitat, argumentando que tienen "un alto riesgo de reiteración delictiva", "destrucción de pruebas" y "riesgo de fuga".
La Fiscalía acusa a los catorce integrantes del cesado Gobierno catalán de delitos de rebelión y sus conexos, por los que podrían afrontar penas de hasta 30 años de cárcel.
"La investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia", concluye la jueza.