"Si contamos con información creíble, que consideremos muy confiable, de que ciertos individuos fueron responsables de ciertos actos que nos parecen inaceptables, entonces las sanciones dirigidas a esos individuos pueden ser lo apropiado", dijo Tillerson en una conferencia de prensa junto a la consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi.
Un grupo de senadores estadounidenses presentaron este mes un proyecto proponiendo sanciones y restricciones de viaje a altos cargos militares birmanos acusados de violaciones de derechos humanos contra la minoría musulmana rohingya.
La violencia contra el pueblo rohingya en el estado de Rakáin (oeste de Birmania), se agudizó después de que combatientes armados rohingyas realizaran en octubre y noviembre de 2016 una serie de ataques contra puestos fronterizos del estado.
Las tropas gubernamentales tomaron medidas de respuesta que provocaron muertos y heridos entre los habitantes del estado y obligaron a miles de rohingyas a abandonar sus hogares.
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La represión ha provocado ya la huida de más de 600.000 rohingyas hacia la vecina Bangladés.
Birmania no le otorga la ciudadanía a los rohingyas al considerarlos inmigrantes ilegales de Bangladés.
