"Ese cuerpo no ha sido identificado hasta el momento, las ropas [que llevaba] y un DNI [documento nacional de identidad de Maldonado] no implican de ninguna manera la identificación del fallecido", dijo Incháurregui.
El experto, presente en una rueda de prensa junto al padre y la cuñada de Maldonado y la abogada de la familia, Verónica Heredia, insistió en que "quiero ser enfático en esto, no hay ninguna identificación hasta el momento".
El hermano del desaparecido, Sergio Maldonado, dijo que "intuitivamente creo que alguien plantó el cuerpo porque antes no estaba ahí".
Al respecto, la abogada Heredia señaló que “ayer por cuarta vez se hizo el rastrillaje; eso consta en el expediente” judicial, porque en la zona de la desaparición, en el austral departamento de Cushamen, las autoridades realizaron búsquedas “el 5 de agosto, el 8 de septiembre y el 18 de septiembre; todos recuerdan la cantidad de gente y despliegue del 18 en ese mismo lugar del río”.
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La abogada sostuvo que “queremos recalcar que es el cuarto rastrillaje en el mismo lugar, no tenemos ninguna explicación, ni física ni jurídica, de por qué no apareció antes el cuerpo”.
“El señor juez se acercó a Sergio Maldonado, a las 12:40 se informó que el rastrillaje había dado un resultado positivo”, dijo Heredia.
Los familiares permanecieron junto al cadáver, enredado en unas ramas en el río Chubut, durante ocho horas, hasta que llegaron al lugar sus peritos, entre ellos Incháurregui, y se procedió al levantamiento y traslado.
“Estuvimos horas al lado del cuerpo porque no confiamos en nadie; desde el primer día nos atacaron, fueron todo mentiras y hostigamiento”, dijo la cuñada del desaparecido.
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La familia pidió esperar “hasta que se coteje el ADN y se termine la autopsia” y reclamó en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación respeto ante su dolor.
La desaparición de Maldonado ha sido un tema candente en la actual campaña electoral para las elecciones legislativas del domingo 22.
El hallazgo del cuerpo apenas días antes de los comicios ha dado lugar a todo tipo de suspicacias.
En un operativo posterior, y perseguidos por la fuerza federal, miembros de la comunidad ingresaron en las tierras adquiridas por la corporación Benetton y que los mapuches reclaman como propias, por ser uno de los primeros asentamientos de pueblos indígenas de la región.
Durante todas estas semanas, el Gobierno mantuvo su reticencia a reconocer la responsabilidad de la Gendarmería, fuerza federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich.
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Hasta el pasado 22 de septiembre, la investigación estuvo a cargo del juez federal Guido Otranto, recusado por la familia de la víctima y apartado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, ciudad de Chubut, por falta de imparcialidad.