Un comunicado en el sitio web del ente señala que la policía de la región de Leópolis incluyó el respectivo expediente en el Registro Único de Indagaciones Prejudiciales y que el artículo 332 del Código Penal de Ucrania castiga la "introducción ilegal de personas a través de la frontera nacional" con penas de hasta cinco años de cárcel y confiscación de vehículos u otros medios utilizados durante la comisión del delito.
Saakashvili, despojado de nacionalidad ucraniana a finales de julio pasado, se vio obligado el 10 de septiembre a bajarse de un tren en el que viajaba de Przemysl a Kiev y cruzó la línea fronteriza entre Medyka y Shehyni con la ayuda de sus seguidores que le abrieron paso y le introdujeron en el territorio de Ucrania aprovechando el alboroto por una supuesta amenaza de bomba en el puesto de control ucraniano.
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El ministro del Interior ucraniano, Arsén Avákov, apuntó en su página de Facebook que "Saakashvili y las demás personas que cruzaron la frontera ilegalmente deben escoger una de las dos opciones: dirigirse al puesto de Shehyni para cumplir los trámites y/o presentarse en una oficina de Migración".
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Quien compareció el 11 de septiembre ante el Servicio de Migración fue el abogado de Saakashvili, Markiyán Galabala, para dejar constancia de que su cliente necesita protección conforme a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria.
"Mijaíl Saakashvili puede ser objeto de persecución en Georgia que había pedido su extradición, según la información proporcionada por el viceministro de Justicia, Serguéi Petujov", dijo el defensor en una entrevista con la televisión ucraniana.
Saakashvili ocupó la presidencia de Georgia de 2004 a 2013, pero en diciembre de 2015 fue despojado de la nacionalidad georgiana tras adquirir la de Ucrania, donde trabajó primero como asesor de Poroshenko y más tarde fue nombrado gobernador de Odesa.
En julio pasado, fue privado de la nacionalidad ucraniana, según la explicación oficial, por haber proporcionado información falsa a la hora de solicitarla.
En Georgia Saakashvili fue acusado de malversación de fondos y de reprimir con armas una manifestación pacífica, por lo que fueron libradas una orden de arresto y dos solicitudes de extradición remitidas a las autoridades ucranianas, ambas denegadas por Kiev.
