"Casanello pidió la indagatoria de 24 acusados", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
Las citaciones del juez argentino, que impuso la inhibición de bienes de todos los imputados, atañen en su mayor parte a representantes de compañías.
Las declaraciones indagatorias se prolongarán entre el 1 de noviembre y el 14 de diciembre.
Los acusados son investigados por los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.
El magistrado aceptó el pedido del fiscal federal Federico Delgado, que había solicitado que se investigara el presunto pago de coimas por obras realizadas en dos plantas potabilizadoras en la provincia de Buenos Aires.
La primera se encuentra en el municipio de Berazategui, y fue concedida al consorcio conformado por Esuco, constructora perteneciente a Carlos Wagner, y por Camargo Correa, empresa brasileña investigada por la justicia de su país en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, ha reconocido ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.
A finales de 2016, la compañía se acogió al régimen de delación premiada y llegó a un acuerdo con los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza por el que se comprometió a pagar una multa, que finalmente fue de 2.600 millones de dólares, a cambio de confesar los actos ilícitos que cometió a través de una red de sobornos, en los que se ven involucrados varios países de América Latina.
