"El Consejo de Ministros, teniendo en cuenta las consecuencias de la huelga convocada en El Prat, acordó establecer un arbitraje obligatorio como medio para la solución de la huelga", aseguró De la Serna en rueda de prensa.
El Gobierno español interrumpió sus vacaciones y convocó este miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para abordar este asunto.
Según explicó el ministro de Fomento, los trabajadores y la empresa Eulen –sobre la que recae la obligación de prestar el servicio– dispondrán de 24 horas para establecer un árbitro de mutuo acuerdo desde el momento en que se les notifique la convocatoria del laudo de manera oficial.
De no llegar a un acuerdo, el Ministerio de Fomento dispondrá de otras 24 horas para designar a un árbitro de manera unilateral.
"La decisión de arbitraje habrá de ser resuelta en equidad en un plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de designación de la figura del árbitro", explicó De la Serna.
El ministro aseguró que la convocatoria del arbitraje está avalada jurídicamente dada la "duración prolongada de la huelga" y las "graves consecuencias de la misma" en un contexto donde las partes tienen "posiciones irreconciliables".
La plantilla de Eulen se encuentra en huelga indefinida desde la madrugada del lunes, pero los servicios mínimos del 90 por ciento establecidos por el Gobierno y un refuerzo de agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto redujeron al mínimo el impacto de los paros, que apenas alteraron el normal funcionamiento del centro.
Antes de que la huelga se declarase de forma definitiva, los trabajadores llevaron a cabo varias jornadas de paros parciales que sí consiguieron colapsar el aeropuerto.
Tanto los trabajadores de Eulen como sindicatos y partidos de la oposición criticaron la actuación del Gobierno en este conflicto, llegando a acusar al Ejecutivo de atentar contra el derecho a huelga.
Juan Carlos Giménez, portavoz del comité de huelga de Eulen, aseguró este lunes que la propuesta de un laudo es "ilegal" y avanzó que este arbitraje sería denunciado ante los tribunales porque, en su opinión, en este caso no concurren las condiciones necesarias para acudir a una resolución obligada del conflicto.