"El Ministerio Público llegó a un acuerdo con Odebrecht por el cual la empresa se comprometió a entregar información que permita avanzar en la investigación y pagar una multa del doble de los sobornos realizados en el país. Tras el pago, el ministerio se comprometió a no avanzar en la persecución penal de los funcionarios de la empresa radicados en el país. Esto fue un acuerdo de inmunidad", dijo a Sputnik Carlos Pimentel, encargado del programa de transparencia del colectivo Participación Ciudadana, integrante de Marcha Verde.
"Existen importantes evidencias de que las 17 obras vinculadas a los contratos de Odebrecht en el país fueron sobrevaluadas. Además hay evidencia de la necesidad de profundizar las investigaciones ya que hay indicios de que el caso puede involucrar al presidente de la república por cuestiones vinculadas al fincamiento de las campañas electorales del 2008, 2012 y 2016", explicó el activista.
Sin embargo, lo que más preocupa al colectivo es el incremento de la represión de las protestas ciudadanas. "En los últimos días, en [la provincia de] San José de Ocoa se registró una golpiza a un dirigente del movimiento. También, tras un paro convocado en la provincia de San Francisco de Macorís, entre otros temas por pedidos del cese a la corrupción en el ámbito municipal, se produjeron enfrentamientos durante dos días luego de que la policía asesinara a un joven de un disparo en la cabeza. La ciudad fue militarizada. Desde nuestra perspectiva se hizo uso y abuso de la fuerza para amedrentar a la población", señaló Pimentel.
En los últimos 10 días, denunciaron también la golpiza de un integrante de Marcha Verde por parte de la seguridad del presidente Medina, y golpes y bombas lacrimógenas contra trabajadores y extrabajadores de la caña de azúcar.