La clase política española se opone mayoritariamente a la iniciativa por considerarla inconstitucional, tal como quedó reflejado este 22 de junio cuando el congreso nacional rechazó por 71% de los votos el referéndum independentista.
En cambio, los promotores del referéndum consideran que en su planteo hay, entre otras razones, una cuestión histórica. Esta tiene que ver con la unión de las coronas de Aragón y Castilla (que unificó Aragón, Cataluña y Valencia), con la guerra por la sucesión, y los derechos de conquista reivindicados por la dinastía Borbón, que anuló las constituciones de los tres Estados confederados para imponer las leyes y la constitución castellanas.
"El gobierno español nunca aceptó ninguna independencia, y eso ustedes en Latinoamérica lo saben muy bien. Empezaron en el siglo XVI con los Países Bajos que tardaron 80 años y muchas guerras en obtener la independencia, luego vino Portugal, luego vinieron la mayoría de repúblicas del continente americano, después vino la etapa de Cuba, Filipinas y Puerto Rico a finales del siglo XIX, y aún podríamos continuar. Por tanto no sorprende que vayan a mantener la misma actitud", reflexionó Alcoberro.
