"Esta será una entidad de carácter civil profesional, técnica y especializada en temas de protección de las más altas autoridades del Estado y de las instalaciones sedes de sus cinco funciones principales: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social", reza el texto aprobado.
Se calcula que el tiempo para la transición de funciones entre el personal de la policía y el ejército y el nuevo servicio de protección demorará 10 años, aproximadamente.
La entidad estará adscrita al Ministerio del Interior y sus miembros podrán hacer uso de medios disuasivos y coercitivos de conformidad con la ley.
Además del presidente y del vicepresidente, serán beneficiarios de este servicio los aspirantes a estos cargos y otras personas que, a razón de su perfil y después de un análisis de riesgos, requieran dicha protección.
Los legisladores de la oposición consideran que la creación de este cuerpo civil es peligrosa, especialmente porque sus integrantes podrán usar armamento, aunque únicamente con la autorización de las Fuerzas Armadas.
El asambleísta del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano dijo a Sputnik que "es penoso y lamentable que en el siglo XXI estemos hablando de tener cuerpos civiles armados con el pretexto de precautelar la seguridad de las autoridades que dirigen el Estado, cuando este trabajo siempre ha estado en manos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional".
Asimismo, el parlamentario Luis Fernando Torres, también socialcristiano, opina que este nuevo grupo de protección se convertirá en una "fuerza parapolicial" que "sería la quinta organización armada que se crea en el Ecuador y no por mandato constitucional sino por mandato de una ley".
"Dios no quiera que dependa esta fuerza armada de algún sanguinario, que por suerte en la vida llegara a ocupar esa función, no ha pasado en el país pero podría pasar", advirtió Torres durante el segundo debate de la propuesta.
Los integrantes del servicio de protección serán personas que, cumpliendo los requisitos físicos, psicológicos, académicos y técnicos, hayan aprobado las pruebas integrales de control y confianza, además de cursos de capacitación y formación y cuyas edades oscilarán entre 18 y 24 años.
La ley aún debe ser aprobada por el presidente antes de ser publicada en el Registro Oficial.
