Anteriormente, la PACE adoptó la resolución correspondiente destacando la necesidad de garantizar el diálogo entre todas las fuerzas de Turquía, el respeto a los derechos humanos, la democracia, el imperio de la ley en el país e instando a Ankara a levantar "cuanto antes" el estado de emergencia.
"Condenamos tajantemente esta decisión injusta de la PACE aprobada por motivos políticos y en violación a los procedimientos establecidos", dice el comunicado del organismo.
El Ministerio de Exteriores turco asegura que Ankara cumple con todos sus compromisos internacionales y toma solo medidas necesarias y adecuadas "frente a las amenazas a nuestro orden constitucional y la seguridad nacional".
El ministerio tachó de vergonzosa la resolución adoptada bajo las presiones de "círculos antislámicos y antiturcos".
"Esta decisión no deja a Turquía otra opción que revisar sus relaciones con la PACE", concluye.
Bajo el estado de emergencia, las autoridades turcas tienen amplios poderes para tomar decisiones como el despido de funcionarios, la confiscación de sus bienes o las detenciones de sospechosos de estar implicados en la organización del golpe frustrado.
Además, el referendo constitucional del 16 de abril abrió la puerta a la reforma de la Carta Magna que otorga amplios poderes ejecutivos al presidente de la nación y convierte el país en una república presidencialista tras las elecciones de 2019, lo que supone el cambio político más importante desde los tiempos del fundador del moderno Estado turco, Mustafa Kemal Ataturk.