"Es bueno que el Gobierno de EEUU señale y cuestione lo que sucede en materia de DDHH en México, esa es la cruda realidad de nuestro país, pero es contradictorio con las políticas migratorias del nuevo Gobierno de (presidente estadounidense) Donald Trump", dijo la experimentada abogada de víctimas de abusos.
El informe del Gobierno de EEUU alertó el viernes sobre graves abusos en México por parte de fuerzas federales y sobre "la impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial".
"Es correcto —por otra parte—, que el Gobierno estadounidense pida al Gobierno de Enrique Peña Nieto que informe de los resultados de la ayuda antidrogas de la Iniciativa Mérida contra el crimen organizado", dijo la directora del organismo independiente.
"Esos fondos deben servir para capacitar a funcionarios públicos mexicanos, en especial a los policías y militares, pero no deben desviarlos para construir el muro de Trump", dijo la conocida líder humanitaria de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, que integra el IMDHyD junto con decenas de organismos civiles independientes.
Misión pendiente
El Gobierno de México debe rendir cuentas sobre los efectivos, jefes y funcionarios que han sido capacitados en el programa de cooperación, "pero en el caso de los militares es crucial saber si han examinado los casos de violaciones a los DDHH en los que se les involucra en denuncias de víctimas", prosiguió la defensora humanitaria.
Según el balance anual 2016 de EEUU, el crimen organizado "asesinó, secuestró, extorsionó e intimidó a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos".
El balance estadounidense es oportuno porque en estos días el Congreso de México discute un proyecto de ley de seguridad interior, sin embargo, "no solo debe dar muchas facultades las fuerzas armadas sino obligarlas a rendir cuentas al poder Legislativo, a la ciudadanía, y sancionarlas si violan los derechos humanos", dijo la directora del IMDHyD.
Washington señaló "malas condiciones carcelarias, arrestos y detenciones arbitrarios, intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; violencia contra los migrantes, violencia contra las mujeres y violencia doméstica".
Todos esos problemas señalados por Washington, los han documentado organizaciones mexicanas defensoras de los DDHH, que han ofrecido sus balances al Gobierno y al Congreso de EEUU, dijo la activista humanitaria, que ha testificado ante comisiones del Capitolio en otras ocasiones.
Rocío Culebro considera que esas conclusiones son atinadas, "pero parecen girar ahora en torno al apoyo financiero estadounidense".
"Hoy el escrutinio debe extenderse a los dos países, sobre todo al impacto en la vida de más de casi 12 millones de migrantes ilegales en EEUU", puntualizó.