De ese total de 489 policías desarmados, "127 son considerados víctimas" y se les retira el arma por razones de salud, "porque han sufrido una depresión y están tomando alguna medicación o porque han intentado autoeliminarse", entre otras causas, añadió.
Pero en la mayoría de los casos se trata de mujeres policías cuyas parejas también son agentes policiales y continúan viviendo en la misma casa, pese a que han denunciado una situación de violencia de género.
"Hay que retirar el arma a la víctima porque el denunciado puede tener acceso a ella", aclaró.
Una vez que se desarma a esos agentes, se informa de la situación a la División Políticas de Género y al servicio Género en Salud del Hospital Policial, que depende del Ministerio del Interior, continuó Zabaleta.
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"Cuando se deriva a la persona a esos servicios, tiene una entrevista con un equipo multidisciplinario donde se realiza una primera evaluación de riesgo para analizar cuál es el mejor abordaje, según las características de esa persona, y ahí empieza un proceso de reeducación", señaló la especialista.
Después, la Junta Médica Nacional de Aptitud es la única que tiene la potestad de devolver el arma al policía denunciado.
El caso de Valeria Sosa, asesinada el 30 de enero de un balazo en la cabeza por su expareja que era policía, no es el único.
En 2015 varios funcionarios policiales mataron a sus novias, esposas o excompañeras sentimentales con su arma de reglamento.
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En opinión de Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud Uruguay, si bien el Ministerio del Interior ha tratado de mejorar la prevención en este asunto, las medidas llevadas a cabo siguen siendo "tibias y esporádicas".
"Si un policía es capaz de matar a su pareja, yo como mujer en la sociedad me pregunto qué garantías tengo de que ese agente me trate como corresponde", dijo la activista a esta agencia.
Además, "no me garantiza nada que estén desarmados porque pueden tener un trato abusivo, violento o agresivo con cualquier mujer en el ámbito público", agregó.
En lo que va de 2017, se denunciaron cinco feminicidios en este país, y el año pasado 24 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros o excompañeros sentimentales en Uruguay.
