El arresto de Stalling muestra que "la ley se está aplicando, independientemente de la investidura que se tenga" y "pone en evidencia que la crisis que atraviesa la Corte Suprema de Justicia es una consecuencia de la forma ilegal y arbitraria en que fueron electos" sus miembros, señaló Mack.
En ese sentido, la presidenta de la Fundación Myrna Mack sostuvo que desde 2014 la sociedad civil "denunció las componendas que existían", pero "desafortunadamente tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado, Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera, legitimaron el proceso y los nombramientos", añadió.
El juez Adrián Rodríguez envío el jueves a prisión preventiva a la magistrada Stalling, acusada de pretender influir en las decisiones de un juez para que dejara en libertad a su hijo, señalado por un caso de corrupción.
Rodríguez decretó un plazo de tres meses para que el Ministerio Público (fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) puedan investigar y presentar evidencias que luego pueden ameritar un juicio.
En el momento en el que Stalling fue detenida "llevaba peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida ante las autoridades y portaba un arma de fuego", señaló la CICIG en un comunicado.