Además del expresidente, en este juicio se sentaron en el banquillo de los acusados dos integrantes de su antiguo equipo de Gobierno, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau.
La Fiscalía considera probado que los políticos catalanes cometieron delitos de desobediencia grave y prevaricación al permitir la citada consulta, celebrada en contra de las disposiciones del Tribunal Constiticional.
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Por ello, desde la Fiscalía solicitan diez años de inhabilitación política para Mas y nueve para Ortega y Rigau.
La defensa de los políticos catalanes, que pidieron su absolución, se basó en argumentar que no incurrieron en un delito de desobediencia porque la providencia del Tribunal Constitucional era ambigua.
Además, los acusados aseguran que cambiaron el formato de la consulta tras conocer la decisión del Constitucional, haciendo que la organización recayera sobre voluntarios de la sociedad civil y no sobre el Ejecutivo autonómico, lo que a su modo de ver les descarga de responsabilidad penal.
"No soy culpable de haber cometido ningún delito, de eso no tengo la menor duda", afirmó Mas.
En la consulta del 9-N participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
Este lunes, en la primera jornada del juicio, 40.000 manifestantes y el presidente catalán Carles Puigdemont arroparon a los acusados a su llegada al juzgado.
"Muchos nos sentimos juzgados", dijo entonces Puigdemont, que se refirió a Cataluña como "una nación que defiende su dignidad" frente a aquellos que pretenden "la judicialización de las reivindicaciones políticas".
Por su parte, el Gobierno español defendió la pertinencia del juicio al entender que el proyecto independentista intenta alcanzar sus objetivos vulnerando las vías legales y el Estado de derecho.
